Tras un allanamiento realizado ayer a la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Palmasola (Santa Cruz) y una intervención fiscal-policial a oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz, cuatro funcionarios de la planta fueron aprehendidos por posible desvío de combustible, contratos irregulares, cohecho, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y sabotaje.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que esta investigación por presunto desvío de combustible involucra a otras 14 personas, quienes cuentan con una orden de aprehensión en su contra, entre imputados y personas con proceso en etapa preliminar.
Asimismo, la directora de la ANH, Margot Ayala, reveló que al menos un centenar de funcionarios fueron despedidos de la institución y serán investigados por sus supuestos vínculos con “la mafia del desvío de combustible”, como parte de los “recaudos” tomados luego de la revelación de una denuncia por el presunto desvío de 14 cisternas con combustible de la petrolífera estatal.
El nuevo operativo en la refinería cruceña se efectuó entre las 14:00 y las 17:00 de este martes, como parte de los actos investigativos en cuatro departamentos del país que iniciaron el lunes, jornada en la que también se intervino la oficina central de YPFB en La Paz y la planta de Senkata en El Alto, donde se detuvo al jefe de operaciones por obstruir el trabajo de una comisión del Ministerio Público.
Las investigaciones continúan mientras se espera una decisión sobre la situación judicial de los sindicados y se confirma la implicación de terceras personas en lo que las autoridades presumen que es una red de desvío de carburantes con brazos operativos en diferentes instituciones públicas. Ayala anunció que colaborará con lo que sea necesario para esclarecer el caso y otras denuncias de corrupción.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, señaló que la gasolina y el diésel subvencionado siguen siendo desviados a pesar de la llegada de su nuevo gobierno, en manos de un grupo de personas corruptas que amasan fortunas personales “a dolor y a costa del pueblo boliviano”. El Gobierno calcula un daño económico de entre 800 y 1.000 millones de dólares, por culpa del desvío de cerca del 25% del combustible subvencionado.