El Tribunal Constitucional Plurinacional atraviesa una de las crisis de legitimidad más profundas de su historia. La presencia de cinco magistrados con mandato constitucional expirado ha generado una tensión política y jurídica, poniendo en entredicho la independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho. Este escenario obliga a plantear interrogantes sobre la salud democrática de las instituciones y la urgencia de una reforma estructural.
El conflicto se desencadenó cuando los magistrados del TCP, cuyo mandato de seis años finalizó el 31 de diciembre de 2023, decidieron autoprorrogarse. Mediante la DCP 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023, establecieron que permanecerían en funciones hasta la elección y posesión de sus sucesores. Esta decisión, aunque justificada por el retraso en los comicios judiciales, constituye una violación flagrante del artículo 183 de la CPE, que prohíbe la reelección y establece un plazo fijo para el ejercicio de la magistratura.
La situación se agravó de forma crítica con la SCP 0770/2024-S4 del 4 de noviembre de 2024. A través de ella, el propio TCP anuló parcialmente las elecciones judiciales en cinco de los nueve departamentos (Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija), garantizando de facto la permanencia de los cinco magistrados autoprorrogados: Hurtado, Espada, Gallardo, Castro y Cornejo. Diversos sectores han interpretado este acto como una maniobra para perpetuarse en el poder, configurando un caso de «juez y parte en su propio interés».
El TCP operaba con una composición de nueve magistrados: cinco autoprorrogados y cuatro elegidos democráticamente en diciembre de 2024. Este desequilibrio generaba un control numérico de la Sala Plena por parte del grupo cuestionado, situación denunciada públicamente por los magistrados electos Arias, Prudencio, Laura y Dávalos. Los electos acusaron a sus colegas de cometer «abusos y anomalías» sistemáticas para mantener el control de la Sala Plena y de la Comisión de Admisión del tribunal.
Los magistrados electos han denunciado el uso de autos constitucionales por parte de la mayoría autoprorrogada para bloquear iniciativas legislativas que buscaban cesarlos de sus funciones. Esta dinámica establece una paradoja constitucional: el órgano supremo encargado de interpretar y defender la Constitución estaba actuando extramuros de la legalidad, socavando la separación de poderes y el principio de la alternancia democrática.
La independencia judicial es el cimiento del Estado de Derecho, requiriendo que los tribunales constitucionales sean órganos supremos, permanentes e imparciales (Nogueira Alcalá, 2003). Sin embargo, se evidencia una contaminación política que compromete este principio. La situación se inscribe en un patrón regional, donde la manipulación política de las Cortes Constitucionales fomenta «patrones secuenciales de inestabilidad judicial perdurables en el tiempo», una tendencia de la que Bolivia no escapa (citado en Bergoglio, 2021).
Un análisis comparado ofrece contrastes, Colombia, tras su Constitución de 1991, consolidó una Corte Constitucional independiente, capaz de frenar intentos de reelección presidencial (González, 2025), demostrando la autonomía del tribunal ante el poder político. En contraste, países como Perú vivieron la subordinación judicial durante el fujimorato, y Argentina ha experimentado manipulaciones recurrentes para consolidar poder político (Castagnola, 2020). Estos casos subrayan que la independencia judicial es una conquista democrática que exige vigilancia constante y diseños institucionales fuertes.
Frente a la crisis, las propuestas de solución se dividen en medidas urgentes y reformas estructurales. Como solución inmediata, el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, celebrado en Sucre en noviembre de 2025, solicitó la cesación inmediata de funciones de los magistrados autoprorrogados. Esta medida, junto con la aprobación de los proyectos de ley que buscan establecer mecanismos legales para su cese, permitiría que el TCP funcione con los magistrados legítimamente elegidos, restableciendo la legalidad constitucional.
Las transformaciones de largo plazo son importantes, se propone la modificación del sistema de elección de magistrados, eliminando el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección y delegando esta función a tribunales de mérito técnico-departamentales. Además, se debe impulsar una reforma constitucional que evite futuras prórrogas inconstitucionales, y se debe garantizar la autonomía y profesionalización de la justicia a través de un incremento presupuestario mínimo al 5% del Tesoro General de la Nación (frente al 0.5% actual), según lo solicitado por el Diálogo por la Reforma Judicial.
La pregunta de si se justifica un tribunal constitucional en estas condiciones admite una doble respuesta. La respuesta es negativa si se refiere a la composición que señalamos, ya que un tribunal que viola la Constitución que debe defender carece de legitimidad. Sin embargo, la respuesta es afirmativa si se considera la importancia del órgano especializado en justicia constitucional, el cual es el «guardián de los derechos fundamentales» (González, 2025). El problema no es el diseño kelseniano, sino la captura política de los mecanismos de designación.
La crisis del TCP es un momento crítico que demanda un abordaje integral, la cesación de los magistrados autoprorrogados es una condición sine qua non, pero debe ser el punto de partida para reformas. Nuestro país se encuentra en una encrucijada: o emprende una reforma que se inspire en las lecciones internacionales, fortaleciendo la independencia judicial con mecanismos meritocráticos y presupuesto adecuado; o profundiza un patrón de inestabilidad que comprometerá su futuro democrático. La refundación de la justicia constitucional debe anteponer el imperio de la ley a cualquier interés político circunstancial.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com