A propósito de la eliminación del Ministerio de Justicia y el anuncio del Gobierno de devolver la institucionalidad a los colegios de abogados, el abogado y analista político, Paul Coca, expresó que un reflejo de una crisis judicial boliviana aún no resulta es el hecho de que muchos profesionales del derecho solo figuran en el Registro Público de la Abogacía (RPA), dependiente de la cartera de Estado cerrada, por lo que no tienen una instancia para ser procesados al no estar afiliados a ningún colegio de abogados.
“Los abogados también estamos en el limbo, porque el Ministerio de Justicia manejaba el RPA. (El Gobierno anunció) que se va a devolver la institucionalidad a los colegios de abogados, para que juzguen a los abogados que obren mal. ¿Pero se han dado cuenta de que hay algunos abogados que no están matriculados en ninguno de ellos, sino que están en el RPA? Entonces, un abogado que estafa a su cliente, ¿dónde va a ser procesado administrativa o disciplinariamente? Ese es un punto que se tiene que definir”, señaló Coca en Radio Panamericana.
En criterio de Coca, una reforma judicial integral viene imprescindiblemente acompañada de una mayor asignación de recursos para la administración de justicia, pero no puede ignorar a sus instituciones “hermanas”, Régimen Penitenciario, la Fiscalía y la propia Policía. Advirtió que, si bien una reforma constitucional es la única salida para lograrlo, esto será posible solamente a largo plazo, probablemente incluso en un gobierno posterior al de Rodrigo Paz.
Estas instituciones hermanas del sistema judicial, explicó, necesitan urgentemente una reestructuración y un proceso de modernización, ante la crítica situación que viven las cárceles, la grosera mora procesal de más de 17.000 causas pendientes en el Tribunal Constitucional y la corrupción profundamente instalada en la institución policial.
“La reforma judicial tiene que ser integral, no solamente podemos hablar de una reforma a la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial); no puede ser una reforma judicial si no toca Régimen Penitenciario, Ministerio Público, Policía Boliviana; y lo más importante, evitemos más y mayor persecución política y tener presos políticos, algo que es muy común en países como el nuestro”, agregó el analista.