El federalismo se ha instalado en el debate público boliviano como una promesa de solución estructural, pero el análisis del politólogo Franklin Pareja es claro: hoy es una salida extremadamente difícil de aplicar y, sobre todo, innecesaria mientras el Estado ni siquiera hizo funcionar el régimen de autonomías ya consagrado en la Constitución.
Desde su perspectiva, hablar de federalismo como “nuevo modelo” parte de un diagnóstico equivocado: no es que las autonomías hayan fracasado, sino que nunca se han puesto realmente en marcha como sistema de distribución de poder y recursos.
Pareja recuerda que Bolivia es formalmente un Estado autonómico desde 2009, pero en los hechos ha seguido funcionando como un país hipercentralista e hiperpresidencialista. Señala que los gobiernos de este corte han vaciado de contenido el diseño autonómico, manteniendo el control político y fiscal desde La Paz y dejando a gobernaciones y municipios atados a decisiones del nivel central.
En ese contexto, el discurso que presenta al federalismo como solución mágica descansa sobre una premisa falsa: no se puede declarar fallido un modelo que jamás fue aplicado en toda su dimensión.
El propio funcionamiento del Estado revela esa contradicción. Pareja subraya que, pese a la elección directa de gobernadores, alcaldes y asambleístas, la verdadera palanca de decisión sigue en manos de la burocracia central.
Un ejemplo que utiliza con frecuencia es el peso de la tecnocracia del Ministerio de Economía: un “funcionario de quinto nivel” terminaba definiendo qué proyectos se aprobaban y cuáles no, situándose por encima de autoridades subnacionales elegidas por voto popular.
Esa relación de subordinación muestra que las autonomías han estado tuteladas por el centralismo y que nunca se dio la desconcentración de poder que el texto constitucional prometía.
ESTADO “CRITERRITORIAL”
En materia fiscal, la situación es todavía más elocuente. El analista destaca que las gobernaciones no cuentan con una verdadera potestad tributaria ni con herramientas suficientes para generar recursos propios que sostengan su andamiaje institucional.
Mientras tanto, en la práctica boliviana, el poder y el dinero se concentran en grandes municipios: alcaldes de ciudades como La Paz o Santa Cruz manejan más recursos que los propios gobernadores, configurando lo que Pareja describe como un “Estado criterritorial” en el que el diseño de competencias y flujos fiscales fortalece a ciertos niveles subnacionales, pero sin una lógica autonómica coherente ni equilibrada.
Para que exista autodeterminación territorial, recuerda Pareja, las regiones deben tener simultáneamente competencias claras y recursos suficientes. Sobre esa base, considera que plantear hoy la transición a un federalismo pleno es, además de políticamente riesgoso, institucionalmente poco realista.
Un cambio de ese calibre exigiría una reforma constitucional profunda, la construcción de un nuevo pacto político y una cadena de referendos departamentales en los que cada región tendría que pronunciarse sobre convertirse en “Estado” dentro de una federación.
El propio analista advierte que, mientras en departamentos como Santa Cruz probablemente se impondría de forma categórica el “sí” a un Estado federal, en otras regiones el resultado podría ser muy distinto, abriendo un proceso largo, conflictivo y con enormes costos de transición.
Desde una perspectiva comparada, Pareja recuerda que los regímenes federales clásicos, como Argentina, Brasil, México o Alemania, funcionan sobre una estructura “biterritorial”: un nivel nacional fuerte y, al mismo tiempo, unidades federadas con poder político y fiscal significativo.
En esos contextos, los gobernadores son jefes de gobiernos subnacionales con capacidad de legislar, recaudar y ejecutar políticas propias.
En cambio, en Bolivia, los gobernadores están lejos de ese estándar: no controlan un sistema fiscal robusto, dependen en gran medida de transferencias definidas por el centro y no tienen la misma densidad institucional que sus pares federales. Pretender “saltar” a un federalismo sin antes haber fortalecido las autonomías implicaría construir un edificio sin cimientos.
DEBATE MAL UBICADO
Por eso, el núcleo de la tesis de Pareja no es un rechazo dogmático al federalismo, sino una jerarquización de prioridades. A su juicio, Bolivia tardaría al menos una o dos décadas en madurar e implementar un régimen federal serio, mientras que ya cuenta hoy con una Constitución que reconoce autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.
Lo urgente, sostiene, es hacer que ese sistema funcione: adecuar el marco normativo, redefinir la Ley de Clasificación de Impuestos, avanzar en el pacto fiscal pendiente y asegurar que toda transferencia de competencias vaya acompañada de los recursos necesarios. Solo cuando las autonomías estén plenamente operativas, se podrá evaluar con rigor si hace falta ir más allá.
Pareja también introduce una dimensión política de futuro: si se fortalecen realmente las autonomías y se redistribuye el poder fiscal, los próximos presidentes de Bolivia ya no podrán concentrar tanto poder discrecional como han tenido hasta ahora.
Cita como ejemplo la propuesta de campaña de un reparto 50-50 de recursos entre nivel central y subnacional, que permitiría a gobernaciones y municipios disponer de mayor margen de decisión y estimularía el surgimiento de nuevos liderazgos regionales. En ese escenario, las regiones podrían “despegar” en términos de desarrollo económico y social sin necesidad de esperar una reforma federal incierta y lejana.
Franklin afirma que el debate sobre federalismo en Bolivia está mal ubicado en el tiempo y en el diagnóstico. Antes de abrir un proceso constituyente y rediseñar el Estado, el país debe asumir con seriedad lo que ya está escrito en su Constitución: un régimen autonómico que nunca despegó, pero que, si se aplica en su verdadera dimensión, podría transformar la relación entre centro y regiones.
Solo entonces tendrá sentido discutir si el paso siguiente es, o no, el federalismo; mientras tanto, insiste, la tarea urgente es sencilla de enunciar y compleja de ejecutar: hacer que las autonomías, por primera vez, funcionen de verdad.