Plantean proyecto de ley para sancionar a dirigentes corruptos

Cuestionando que dirigentes sindicales aprovechen su posición para beneficio propio, a costa de sus bases, la senadora de la alianza Unidad, Marcela Guerrero, presentó un proyecto de ley en el que propone sancionar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y otros actos del ámbito dirigencial.
El proyecto normativo propuesto por Guerrero, plantea la modificación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, incorporando medidas para sancionar a aquellos dirigentes que se aprovechen de la estructura de las organizaciones a las que representan, enriqueciéndose a costa de una dirigencia sindical.
“Proponemos crear el delito de enriquecimiento ilícito de dirigentes sindicales con penas de 7 a 12 años, con decomiso de sus bienes. Quien use la posición social para aumentar su patrimonio de forma injustificada, deberá responder ante la justicia”, dijo.
Asimismo, se plantea agravar el delito de concusión para sancionar a quienes obliguen a sus bases a cumplir con pagos o beneficios en su favor, aprovechando su rol de dirigente, por lo que la extorción en la que incurren varios representantes, disfrazada de “representación social”, dejará de tener cualquier tipo de amparo.
Otra característica destacada del proyecto de ley, tiene que ver con tipificar el trafico de influencias desde el ámbito dirigencial, sancionando extorciones y amenazas para manipular la acción de funcionarios públicos y la obtención de recursos producto de influir en decisiones estatales.
A esto se suma, la creación del delito de “cohecho activo en el caso de dirigentes”, para quienes ofrezcan sobornos a servidores públicos con el fin de agilizar, frenar o manipular cualquier tipo de actos administrativos.
“La ley no solo alcanzará a autoridades formales, sino también a quienes ejerzan poder y han usado este para saquear el Estado en representación de organizaciones, la ley debe ser para todos y todos están en la obligación de responder por sus actos”, finalizó Guerrero.
Esta semana, tras un ampliado, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana lanzó una serie de advertencias al gobierno de Rodrigo Paz, para que cambie su rumbo político. Asimismo, se expresó el rechazo del ente matriz de los trabajadores a supuestos “ajustes neoliberales”, como la eliminación de la subvención de carburantes, la flexibilización laboral y otros.
“Exigimos la inmediata rectificación del rumbo político y económico, recordando que el poder emana del pueblo y pertenece a los trabajadores, no a las élites ni a los intereses ajenos a la patria”, señala una resolución en la que además se denuncia un supuesto incumplimiento de promesas electorales.