Verifican que pan de batalla no debería superar Bs 0,70

Los panificadores artesanos demostraron ante los medios que, sin subvención, el costo de producción de una marraqueta podría alcanzar hasta Bs 0,70 por unidad.
Por la falta de harina subvencionada, el sector panificador propuso subir el precio de la marraqueta a un boliviano, un incremento del 100% respecto al precio anterior de Bs 0,50, como medida para hacer sostenible la producción ante el desabastecimiento de insumos básicos.
Esta alza fue oficializada por la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), quien convocó a un ampliado nacional para definir formalmente esta medida tras la suspensión de la elaboración de marraqueta en varias regiones del país.
El dirigente Rubén Ríos explicó que la falta de harina subvencionada se debe a que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no ha entregado un compromiso acumulado de 600.000 quintales, obligando a los panificadores a comprar harina en el mercado informal a precios mucho más elevados (alrededor Bs 330 por quintal).
En respuesta, el Gobierno decidió realizar una inspección en el proceso de producción para verificar el costo real y determinar si se mantiene o elimina la subvención, mientras continúa la intervención en Emapa por indicios de corrupción.
El viceministro de Comercio Interno, Gustavo Serrano, encabezó la verificación “en cancha” con panificadores expertos para comprobar los insumos y costos de producción, buscando transparencia y estabilidad en los precios para evitar especulaciones.
La evaluación sigue pese al vencimiento del plazo para el aumento, y se espera que la información obtenida permita comunicar el precio real del pan al público.
Por ahora, ante la interrupción de la entrega estatal de harina subvencionada, los panificadores han cambiado la producción hacia un pan redondo de menor gramaje vendido a Bs 0,50.
EMAPA
En ocho días de intervención a Emapa, una comisión identificó un daño económico superior a Bs 95,5 millones, reveló el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano.
La autoridad presentó al interventor, Lázaro Andia Fuentes, y anunció que se iniciarán denuncias penales contra los funcionarios de la entidad estatal y las personas del sector privado que resulten involucrados.
“(Los datos son) a partir de elementos los cuales ya han sido verificados, certificados y con responsables. Esto lo que va a ameritar es de que vengan las acciones judiciales correspondientes, las imputaciones correspondientes y aquí no va a haber momento el cual vamos a descansar (…) hasta llegar a la justicia y que la justicia haga lo que corresponde para poder, Dios mediante, recuperar la plata de todos los bolivianos”, señaló la autoridad.
Detalló que el primero de los hechos, se relaciona con la implementación de una planta procesadora de papa, en Chuquisaca, el daño económico de 41.400 millones. El contrato está resuelto por presentar una póliza adulterada por el contratista.
Además, indicó que se pagaron 25.7 millones a la empresa contratista por maquinaria, pero los equipos están retenidos en China y corren el riesgo de perderse.
Segundo. La implementación de una planta piscícola en el Lago Titicaca, que demandó 47 millones de bolivianos. Se indicó que se pagó el 88.62% de todo el presupuesto, pero solo se ejecutó el 34.68% de la obra, es decir, “se pagó más de lo que tenía la obra avanzada”.
Adicional a ello, se adquirió alimento balanceado por Bs 148.000, que a la fecha ya está vencido. ¿Cómo es posible de que sin tener una planta concluida hayan comprado alimento balanceado y éste por ineficiencia, inoperancia, también por incompetencia y actos de corrupción, ya se encuentra vencido?”, cuestionó Justiniano.
GRANOS
Por otro lado, expuso que en Ascension de Guarayos, Santa Cruz, Emapa contrató servicios para la siembra de maíz, con un daño económico de Bs 6,5 millones. Estaba planificada la siembra de 1.200 hectáreas, pero solo se cultivaron 175, pese a que el pago se efectuó en su totalidad.
Además, se refirió a la contratación de servicios por alquiler de maquinaria, con un daño económico de casi medio millón de bolivianos.
En San Borja (Beni), se desembolsaron más de Bs 2,6 millones para la producción de 500 hectáreas de maíz, pero, según Justiniano, “no se cosechó ni una sola hectárea”.
Del mismo modo, en San Buenaventura e Ixiamas se pagaron más de Bs 1,5 millones para maquinaria destinada a la preparación de suelos, pero los productores no recibieron el servicio contratado.
Justiniano aseguró que entre las acciones que se tomarán está la denuncia penal contra los funcionarios de Emapa y los privados que hubiesen aportado para causar un daño económico al Estado.
Advirtió que el perjuicio económico podría ser aún mayor, ya que las investigaciones avanzan de forma cronológica y continúan revelando nuevas irregularidades dentro de Emapa. Asimismo, reiteró que lo que ocurra con la empresa estatal será decisión del Gobierno.