Repudio generalizado obligó al TCP a finalizar “autoprorroga”

Tras confirmarse que los cinco miembros “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un Auto Constitucional con el que se pone fin a la extensión ilegal de su mandato, analistas y legisladores señalaron que esta disposición es fruto del repudio generalizado hacia autoridades que usurparon funciones, situación que demanda investigaciones, sobre todo, el entorno judicial y político que operó en coordinación con este grupo.
Para el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, la repentina decisión de los denominados magistrados “autoprorrogados” se produjo en medio de una fuerte presión política y judicial sobre cinco miembros del TCP y dos del TSJ, quienes en los últimos días fueron blanco de acciones judiciales para forzar el fin de su ilegal mandato.
A esto se suma el repudio generalizado de la sociedad boliviana, que desde el momento de disponerse la prórroga de los cuestionados magistrados, demandando a representantes en el Parlamento y autoridades nacionales encontrar la forma de terminar con una medida completamente contraria a la Constitución y las leyes vigentes.
“Ante la presión y repudio de autoridades y la ciudadanía, estos usurpadores del Tribunal Constitucional, declinan su obsceno actuar, cesarán sus funciones en 10 días, después que se notifiquen a todas las autoridades con el nuevo Auto Constitucional”, explicó el jurista.
Bascopé alertó sobre la imperiosa necesidad de que todos los actos, disposiciones y medidas asumidas por los exmagistrados, antes, durante y después del cese de sus funciones, sean investigados, así como los de todo su entorno familiar y de trabajo.
“Estos sujetos deben ser investigados en sus fortunas, así como investigar a otros sujetos que eran exautoridades judiciales y políticos que operaban con los exmagistrados. No deben quedar en la impunidad”, añadió.
Al respecto, el analista y diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, resaltó que la presión ciudadana y las medidas judiciales promovidas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hayan “acorralado” y orillado a las cuestionadas exautoridades a disponer su propio cese de funciones.
“Al fin logramos con el esfuerzo del TSJ y de otros actores clave restablecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica (…). No les quedó otra vía de escape que su propia decisión”, sostuvo Alarcón, quien días atrás, en coordinación con el diputado paceño Alejandro Reyes, presentó ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para eliminar la “autoprorroga” en el TCP y el TSJ, para recuperar el Estado de Derecho y sentar precedentes en este tema.
Ayer, a través del Auto Constitucional TCP 0087/2025-0, los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional, dispusieron poner fin a la ilegal extensión de su mandato, después de casi dos años de haber vulnerado la norma, prolongando sus funciones más allá de los tiempos establecidos.
La decisión fue asumida tras el inicio de varios procesos por la vía ordinaria y también constitucional, por lo que los exmagistrados del TCP, Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo, además de los exjueces del TSJ, Ricardo Torrez y Carlos Alberto Egüez, quienes debían haber finalizado su gestión en diciembre de 2023, cesarán funciones en el lapso de diez días.
Las tres principales disposiciones del Auto Constitucional TCP establecen la finalización de la prórroga, que el cese de funciones se ejecute en un plazo de 10 días hábiles, y que bajo principios de legalidad y seguridad jurídica, todos los actos realizados por los prorrogados se mantienen “firmes y vigentes”.
En su parte final, el documento puntualiza que los magistrados electos legítimamente por voto popular en las elecciones judiciales de 2024, Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca no participaron de la emisión del Auto Constitucional TCP 0087/2025-0.
Ayer, mientras se desarrollaba una audiencia de la Sala Constitucional 1ra de Potosí, para la resolución de una Acción Popular en la que se defina la situación de los cinco denominados jueces “autoprorrogados” del TCP, el diputado oficialista Juan José Torrez, recordó que las funciones de estos exmagistrados fenecieron en 2024, por lo que solo les queda someterse y cumplir lo establecido en la actual Constitución Política del Estado.