Un juez de La Guardia, en Santa Cruz, emitió ayer órdenes de aprehensión contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron cesados en la misma jornada en el cargo.
Durante la jornada, las salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz determinaron cesar de inmediato a los magistrados prorrogados, también el marco de acciones populares que interpusieron en su contra.
En Santa Cruz, se dispuso incluso que la Policía colabore para hacer cumplir con esta decisión de que los prorrogados no puedan ejercer en el TCP.
Horas antes, los mismos magistrados prorrogados decidieron cesarse a sí mismos en el cargo, pero en un plazo de 10 días. Sin embargo, transcurriendo la tarde se fueron conociendo las otras resoluciones de salas y del juez de La Guardia.
Los cinco magistrados implicados del TCP son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.
Paralelamente, también deberían cesarse a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, quienes también ejercen de manera prorrogada.
Por otro lado, el presidente enfatizó que estas acciones apuntan a desmantelar, lo que calificó como “símbolos de la injusticia” y “de persecución” que estaban al servicio de intereses y poderes, y no de la población.
Asimismo, el mandatario se pronunció sobre una serie de cambios institucionales realizados en sus primeras tres semanas de gestión, destacando la decisión judicial que cesa de manera inmediata a los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
“El Ministerio de Justicia ha muerto. Los prorrogados se han ido y hoy se termina con la Procuraduría, tres símbolos de la injusticia y la persecución”, afirmó. (Erbol/Red Uno)
Tras ser cesados en sus funciones
Ordenan aprehensión de cuatro magistrados “autoprorrogados”
> Salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz determinaron cesar de inmediato a los magistrados, además se dispuso arraigo. El presidente Paz, dijo que las acciones apuntan a desmantelar, lo que calificó como “símbolos de la injusticia” y “de persecución” al servicio de intereses y poderes, y no de la población.
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