Exigen procesar a responsables de los abusos contra Carvajal

Tras la devolución de instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) a Amparo Carvajal, el analista e investigador Manuel Morales Álvarez, demandó el inicio de procesos y juicios de responsabilidades contra autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) durante el gobierno de Luis Arce, quienes permitieron torturas y vulneraciones a la integridad de la activista.
Asegurando que Carvajal fue víctima de torturas y otros abusos durante su huelga de hambre en la terraza de la Apdhb, como medida de defensa a las instalaciones de esta instancia, Morales exigió que los responsables por estos abusos sean procesados no por la vía penal sino a través de un juicio de responsabilidades a la gestión de Arce, tomando en cuenta que las órdenes de intervención surgieron de la Casa Grande del Pueblo y fueron ejecutadas por ministros, como Eduardo Del Castillo.
“Lo que tiene que haber es un juicio de responsabilidades a la gestión, porque los juicios a ministros, a menos que hayan cometido delitos fuera de su función, se van a materia penal, pero como ha habido órdenes superiores, esto debe ser materia de un juicio de responsabilidades”, dijo.
Respecto a las condiciones en que quedó la Casa de los Derechos Humanos, luego de varios meses de intervención y el posterior “resguardo policial” en el lugar, el exejecutivo del Conade afirmó que todos los aspectos materiales pueden ser subsanados en cierto modo, sin embargo, lo que no puede ni debe olvidarse son los abusos cometidos contra Carvajal.
“La casa se puede arreglar, lo que la población no debe olvidar es que Amparo Carvajal, cuando estuvo en la terraza, fue objeto de tortura psicológica y presiones, pese a ser una persona de edad avanzada”, reiteró Morales, asegurando que los abusos datan desde el momento en que se produjo la ocupación de la sede de la Apdhb por parte de supuestas organizaciones de derechos humanos afines al “masismo”.
En su criterio, deben ser instancias especializadas las que se encarguen de llevar adelante investigaciones imparciales y transparentes respecto a lo sucedido con la casa de los derechos humanos, solo así se conseguirá establecer la verdad histórica de los hechos sin ningún tipo de sesgos o manipulación de algún tipo.
Sobre la reorganización de la Apdhb, Morales recordó que esta institución se asienta en asambleas departamentales que ahora deberán restructurarse y fortalecerse, con ellas existen otras organizaciones que trabajaban en coordinación con la Asamblea Permanente, tales como el Conade.
“Tienen que volverse a reorganizar, porque esta era la sede de los derechos humanos y de la democracia, cuando se ha golpeado a la Asamblea Permanente también se ha golpeado a otras instituciones que trabajaban en esta sede, por lo tanto, todo esto debe ser reorganizado”, concluyó.
La semana pasada, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, procedió con la entrega oficial de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia a la activista Amparo Carvajal, quien fue impedida de ingresar al este edificio desde el año 2023.
El acto se llevó a cabo con la presencia de Carvajal, de 86 años y nacionalidad española, quien sentada en silla de ruedas recibió de parte de Paz las llaves de la sede, simbolizando la restitución de un espacio que le pertenecía como representante de la asociación nacional.
Carvajal agradeció la entrega y resaltó que la sede es un espacio de todos los bolivianos. “Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes. Todos debemos tener un único objetivo, la verdad y la justicia, que es lo que nos hace libres. ¡Que viva Bolivia!”, declaró la activista.
En junio de 2023, un grupo de unas 50 personas lideradas por Édgar Salazar, vinculado al gobierno del MAS, irrumpió violentamente en las oficinas de la Apdhb en La Paz. En aquella ocasión, voluntarios y personal de la organización fueron expulsados y se impidió su ingreso durante más de dos años.
Respecto a los conflictos legales relacionados con la sede, el Ejecutivo aclaró que no se inmiscuirá en otros poderes del Estado y que corresponde al Ministerio Público y al Órgano Judicial definir responsabilidades y acciones legales.
“Este hecho es simbólico, por eso el presidente (Paz) ha decidido entregar esta sede de la Apdhb de manera personal, porque es un hecho simbólico, porque esta es una institución que fue fundada por la señora Amparo Carvajal, y que desde hace 50 años más o menos viene ayudando a la gente perseguida en distintos regímenes. (…) Será el Ministerio Público quien inicie la denuncia, y la Justicia, el Órgano Judicial, quien establezca los tipos penales vulnerados y las acciones a seguir”, explicó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo.