¿Cuándo terminará este privilegio injustificado?

Eliminar la renta vitalicia de expresidentes sería un paso estratégico hacia una mayor democracia, transparencia y apego a los principios republicanos de servicio público. El concepto de una pensión de por vida, financiada con recursos del Estado, carece de justificación objetiva en el contexto actual boliviano, marcado por una crisis galopante. ¿Por qué una persona debe ganar dinero hasta morir por no hacer algún trabajo?
La ley que sustenta este beneficio otorga a los exmandatarios una asignación mensual equivalente a diez salarios mínimos nacionales, un monto que hace que cualquier persona viva no solo bien, sino entre lujos. Si bien se argumentó en su momento que esta medida buscaba garantizar la estabilidad institucional o la seguridad de quienes ocuparon el máximo cargo del país, en la práctica se ha convertido en un símbolo de desigualdad que tiene un cariz aristocrático o incluso monárquico. Mientras la gran mayoría de los ciudadanos bolivianos se jubila bajo un régimen de pensiones que requiere años de aportes y sacrificio (o ni se jubila), y percibe montos que a menudo apenas cubren sus necesidades básicas, un selecto grupo de exautoridades goza de un ingreso asegurado sin mayor sustento práctico ni legal que el privilegio de su anterior investidura presidencial o vicepresidencial.
El principio de igualdad ante la ley es una piedra angular de una república moderna: todos somos (o deberíamos ser) iguales ante la ley. Por tanto, no existe razón válida para que un expresidente o exvicepresidente reciba un trato preferencial en comparación con cualquier otro servidor público o ciudadano de a pie. ¿La Presidencia es un servicio al Estado y a la patria o la adquisición de una prerrogativa económica perpetua? La labor de un mandatario, aunque de suma importancia, es temporal, y al concluir, estos ciudadanos deben reintegrarse a la vida civil y profesional como cualquier otro, sin depender del erario nacional de por vida. Los contribuyentes no tienen por qué pagar de por vida a nadie a cambio de ningún trabajo.
Además, en un contexto de crisis económica global y necesidades urgentes en Bolivia —donde son requeridos mayores recursos para salud, educación e infraestructura—, el gasto que representan estas rentas, si bien puede parecer menor en el presupuesto general, tiene un alto valor simbólico. La eliminación de esta renta es una señal de austeridad y de compromiso real con las demandas de la población.
Muchos Estados han eliminado o nunca han contemplado este tipo de pensiones vitalicias, optando en su lugar por proveer seguridad y apoyo logístico (como escoltas o asistentes) por un tiempo limitado tras dejar el cargo, lo cual es razonable. La eliminación de la renta vitalicia es un paso necesario para fortalecer la democracia y es hora de que quienes aspiran a los cargos más altos entiendan que el servicio público es su propia recompensa, y no una jubilación elitista a expensas de todos los bolivianos. Ojalá que el reclamo de eliminar tal injusta renta crezca cada día más.