La sociedad boliviana ha sido duramente golpeada por el régimen “masista” que, para mantenerse en el poder, siguiendo el conocido aforismo de “divide y vencerás”, la fraccionó, sin importar el daño que hacía al país. Pretendió borrar la nacionalidad boliviana, tan trabajosamente buscada. Trató de negar el mestizaje, con el fin de consolidar la división entre bolivianos e intentó reemplazar símbolos patrios, por figuras ajenas al conjunto de la nación y propias de parcialidades minoritarias.
En nombre de “pueblos originarios” imaginariamente presentados como portadores de valores universales, fomentó la corrupción y el desarme moral. Autoridades nacionales dieron rienda suelta a sus infames apetitos.
En escenario tan favorable, la delincuencia en sus diferentes facetas se multiplicó, el narcotráfico creció y dirigentes “masistas” se involucraron en el negocio, protegidos por el régimen. Ni que decir de la corrupción, representada por una dirigente que se rifó los recursos destinados para sus “hermanos indígenas”. Los asesinatos replican una realidad que, hace algún tiempo, solo se atribuía a países dominados por la delincuencia.
La educación ha tocado fondo, gracias a leyes que no buscan la formación óptima de niños y jóvenes sino su adoctrinamiento y apego a políticas que lo incapacitan para aportar al desarrollo social. Tampoco el servicio de salud se encuentra en niveles adecuados. Continúa su personal mal pagado y la carencia de equipos y medicinas es un lugar común. La desorganización prima en el sector y la dictadura sindical dificulta la optimización del sistema.
La justicia es otro rubro importante a ser atendido, partiendo de la premisa de que su pésima administración se debe menos a la calidad del sistema, que a la de los operadores: jueces, fiscales y funcionarios que desvirtúan la función para la cual son elegidos.
A estos males se suma la elevada informalidad, en la que están inmersos amplios sectores de trabajadores que, en consecuencia, no cuentan con seguridad social, ni condiciones adecuadas de trabajo, y sus ingresos son insuficientes. Configurando un factor susceptible de ser aprovechado por agitadores profesionales.
Este sombrío panorama debe ser enfrentado por el gobierno, con medidas sociales y económicas que mejoren las condiciones de seguridad ciudadana, la calidad de la educación, del trabajo, la justicia y recuperar la cohesión social. Institucionalizar a la Policía y las Fuerzas Armadas para el cabal cumplimiento de sus funciones; eliminando la corrupción, la indisciplina y el prebendalismo, que hizo que militares y policías, con escasa capacidad profesional y moral, accedan a los más altos cargos.
Urge reconstruir la sociedad boliviana, constituida por diversidades que la enriquecen y que debieran dirigir sus esfuerzos a un objetivo común. El desafío es enorme.
Los desafíos, en lo social, del nuevo gobierno
Almirante (SP) Jorge Botello Monje
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