Coca ancestral y coca controvertida

La hoja de coca ha acompañado al ser humano desde antes de la historia escrita. Arqueólogos hallaron restos de coca de más de ocho mil años, los incas la consideraban un don divino, símbolo de equilibrio y fuente de energía, su uso fue preservado.
Cristóbal Colón describe el uso de la coca en Panamá. Según Sdenka Silva (directora de museo de la coca), fue prohibida por la iglesia, que llegó a llamarla la hierba del diablo. El virrey Toledo fue el primer erradicador y lo logró en Ecuador. Pero vio que los indígenas lo masticaban y trabajaban más, levantando su prohibición. La coca y la minería estaba tan unida que, en 1830, se forma sociedad de productores de coca de Los Yungas.
En 1840 se lanza una ley, cuando el precio de la coca y los minerales iban a la par. Muchos grandes productores se vuelven millonarios, por ejemplo un terrateniente tenía 32 comunidades originarias en su territorio. La gente andina cosechaba coca, los indígenas de tierras bajas hacían recolección.
La coca de Los Yungas y la del Chapare no son iguales: la primera, más fina, aromática y de menor volumen, se destina al acullico y al mercado tradicional, se cultiva en terrazas, con técnicas tradicionales, y posee características únicas. La del chapare, creció impulsada por las políticas de colonización de los años 50 y alcanzó su auge con el tráfico ilícito de cocaína, entre las décadas de 1970 y 1980. De allí deriva una división no solo económica, sino también simbólica: la coca yungueña representa la raíz cultural; la chapareña, la disputa política.
La Ley 1008 sobre «Régimen de la Coca y Sustancias Controladas», promulgada en 1988 bajo el gobierno de Víctor Paz, estableció tres zonas de producción: tradicional, excedentaria en transición e ilícita. Aunque Los Yungas fueron reconocidos como zona tradicional, la ley impuso restricciones que afectaron profundamente a los productores. La criminalización de cultivos fuera de los límites establecidos generó tensiones, persecuciones y una estigmatización del cocalero yungueño, a pesar de su apego a prácticas ancestrales.
La Ley 906, «Ley General de la Coca», promulgada en marzo de 2017, es un hito porque sustituyó a la controvertida Ley 1008, que criminaliza de facto la hoja de coca. Su principal objetivo es normar la revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación e industrialización de la coca en su estado natural.
Legaliza 22.000 hectáreas (ha) de cultivos de coca a nivel nacional, superando las 12.000 ha que se permitía en el marco de la Ley 1008 y que se establecieron por consenso. De esas 22.000 ha, la ley asigna 14.300 ha a la zona tradicional y ancestral de los Yungas de La Paz y 7.700 ha al Trópico de Cochabamba (Chapare). Esta distribución buscó mantener la preeminencia histórica de Los Yungas como la zona tradicional y establece un marco institucional de regulación, control y fiscalización (Carnet de Comercializador, Hojas de Ruta) para garantizar que la producción no se desvíe a fines ilícitos.
ADEPCOCA tradicionalmente defendió la coca cero en el Chapare y un cupo estricto para los Yungas (usualmente 12.000 ha) para evitar la sobreproducción y el desvío ilícito. Vieron la Ley 906 como una traición, porque legalizó más hectáreas de las que consideraban necesarias para el consumo legal y, lo que es más importante, porque consolidó legalmente el cupo para el Trópico de Cochabamba (7.700 ha). La ley fue percibida como una imposición que favorecía políticamente a las bases cocaleras “masistas”.
La Ley 906 es un instrumento político que intentó conciliar la revalorización cultural de la coca con la necesidad de control, pero terminó institucionalizando la producción del Trópico y generando una fractura sociopolítica en Los Yungas.