Inmovilizar vehículos, competencia municipal

En La Paz se ha vuelto habitual ver a efectivos policiales inmovilizando motorizados en lugares no permitidos, mediante el uso de grapas. Esta práctica, que implica despliegue de personas y recursos públicos, se justifica bajo la idea de hacer cumplir normas de tránsito. Sin embargo, las multas se depositan en cuentas institucionales de la Policía, lo que genera dudas sobre su pertinencia y competencia.
A la par, funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizan las mismas tareas, imponiendo sanciones y recaudando recursos municipales; así el Estado incurre en duplicidad de esfuerzos y gastos, pues Policía y Municipio destinan recursos humanos y económicos para un mismo fin; sancionar infracciones de tránsito urbano. Esta situación revela ineficiencia y confusión competencial, contraria al modelo autonómico de la Constitución.
El artículo 302 de la CPE otorga a los gobiernos municipales competencia exclusiva sobre el transporte urbano, registro automotor, ordenamiento y educación vial, así como la administración y control del tránsito urbano. Es decir, los municipios son los únicos facultados para legislar y ejecutar políticas sobre tránsito urbano, incluyendo la inmovilización de vehículos.
Cabe recordar que, según el artículo 251 de la CPE, la función esencial de la Policía Boliviana es la defensa de la sociedad, el orden público y el cumplimiento de las leyes. No obstante, se ha desnaturalizado este rol, convirtiéndose en una entidad recaudadora mediante el cobro de multas, inspecciones y otros trámites administrativos. Este desfase normativo proviene de decisiones jerárquicas y de un Código de Tránsito de 1973, anterior al régimen autonómico de 2009.
Mantener la atribución policial de inmovilizar vehículos implica una incoherencia constitucional y un gasto innecesario para el Estado, vulnerando el principio de eficiencia administrativa (Art. 232 CPE).
Urge reformar el régimen de tránsito y transporte urbano, adecuándolo al modelo autonómico, para evitar superposiciones y duplicidad de funciones. La Policía debe concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad ciudadana, mientras los municipios asumen plenamente la administración y sanción del tránsito urbano.
Solo una correcta racionalización de competencias permitirá optimizar recursos públicos y fortalecer la institucionalidad del Estado bajo los principios de eficiencia, coordinación y autonomía.