Tras la anulación de la sentencia contra la expresidenta, Jeanine Añez, la Defensoría del Pueblo observó un “escenario de inseguridad jurídica y contradicciones en el sistema judicial” que obstaculizan un acceso a la justicia y reparación a las víctimas de los hechos de Senkata y Sacaba, por lo que pidió al Estado –específicamente a la Fiscalía y a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)– garantizar un juicio de responsabilidades sin dilaciones y en apego a estándares internacionales para evitar impunidad.
En un pronunciamiento, la entidad defensorial expresó preocupación por la resolución “contradictoria” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dejar sin efecto la sentencia condenatoria ejecutoriada contra Añez, además de otras decisiones judiciales que derivaron el caso de las supuestas masacres de 2019 a un juicio de responsabilidades.
“Estas decisiones revelan un escenario de inseguridad jurídica y contradicciones en el sistema judicial que obstaculizan el acceso a la justicia y afectan el derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, así como los derechos de los procesados (…) evidenciando una afectación al debido proceso y la tutela judicial efectiva”, señala el documento.
La entidad recordó que “la elección inadecuada de la vía procesal ha derivado en dilaciones, nulidades e incertidumbre jurídica, vulnerando el principio de celeridad y afectando tanto a las víctimas como a las personas procesadas”, advirtiendo que este accionar puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado al incumplir recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tal sentido, la Defensoría exhortó al Ministerio Público y a la ALP actuar con diligencia para activar el proceso de responsabilidades establecido en la Ley 044, para evitar que los casos queden impunes y se cumpla con la responsabilidad que el sistema judicial tiene de garantizar justicia y reparación integral a las víctimas.