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Fiscalía deja sin efecto orden de aprehensión de alcaldesa alteña

> La autoridad edil fue citada en calidad de testigo, por un deslizamiento ocurrido en 2024 que dejó tres fallecidos. La convocatoria para que Eva Copa se presente en la Fiscalía está prevista para hoy.

Después de haber emitido orden de aprehensión contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por el caso denominado “Mazamorra”, el Ministerio Público de La Paz dejó sin efecto ese mandamiento, porque la autoridad edil se presentó en la Fiscalía expresando que colaborará con el caso.
De acuerdo con una nota institucional de la comuna alteña, la orden de aprehensión en contra de la burgomaestre fue “en su calidad de testigo” por un caso sucedido en Achocalla en 2024.
El documento firmado por el Fiscal de Materia, Jorge Viscarra Suárez, de la Fiscalía Departamental de La Paz, señala: “se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión de fecha 11 de septiembre del 2025 en contra de la señora Eva Copa Murga en consecuencia se ordena la devolución del referido mandamiento al profesional abogado Ramiro Paz Carrillo debiendo proceder a su entrega formal en oficinas del Ministerio Público, bajo constancia”.
Horas antes de conocerse la determinación de la Fiscalía, Copa aclaró que su administración no autoriza construcciones en el municipio de Achocalla respecto de una presunta orden para que declare en calidad de testigo sobre un hecho que sucedió en 2024.
“(Es) un hecho que pasó en Achocalla por un tema de autorización de construcción. Nosotros no podemos autorizar construcciones en Achocalla, porque no somos autoridades de Achocalla es algo irracional”, apuntó la autoridad edil.
Además, anticipó que “si se nos convoca, asistiremos como corresponde y haremos nuestro descargo”.
En febrero de 2024, una mazamorra afectó a una familia en Achocalla, dejando el saldo de tres fallecidos.
La autoridad edil fue citada por la Fiscalía en anteriores ocasiones, pero ella aseguró no tener conocimiento formal de dicha orden; sin embargo, anunció que se presentaría en esa instancia. “Tengo entendido que esta convocatoria es en calidad de testigo y como les he dicho, nosotros asistiremos donde nos convoquen enmarcados a la ley”, indicó.
Reiteró que como autoridad edil de El Alto no tiene ninguna responsabilidad de algún hecho que ocurra en otro municipio.
El Alto no autoriza construcciones en la jurisdicción de Achocalla. “Más bien nosotros tenemos una disputa de límites con Achocalla en los distritos 1, 8 y 10”, recordó.
Desde la subalcaldías de los distritos 1, 8 y 10 se denuncia periódicamente los avasallamientos que vecinos de Achocalla cometen contra El Alto.
CASO
El 2 de febrero de 2024, ocurrió una mazamorra que dejó con serios daños a viviendas del barrio Primavera, en el municipio de Achocalla, además causó la muerte de tres personas: María I. Tito Ramos (35), Miguel Mamani Tito (7) y Luciana Mamani Tito (1), esposa e hijos del suboficial de la Armada Boliviana, Jesús Mamani Espinoza.
Tras el hecho, se interpuso una denuncia acusando a la Alcaldía de El Alto de homicidio culposo, señalando que la tragedia fue por falta de limpieza de los ductos de desagüe, ya que la obstrucción de estos habría provocado el deslizamiento de tierra hacia la vivienda de las víctimas.
El abogado Ramiro Paz Carrillo, representante del suboficial, indicó que se emitió una orden judicial contra la alcaldesa Copa y lamentó la falta de cooperación de la autoridad edil en el proceso.
“Tenemos una orden de aprehensión para que la alcaldesa de El Alto venga y preste su declaración informativa. En siete oportunidades presentó excusas indicando que estaba de viaje o que su agenda no se lo permitía”, afirmó el jurista.
En esa declaración, acotó que en caso de que Copa no se presente a declarar, la Fiscalía ejecutará el mandamiento de aprehensión. “En el hipotético caso de que mañana (hoy) no acuda, se va a ejecutar la orden”, advirtió.
PROBLEMA
Debido al problema de límites entre los municipios de El Alto y Achocalla, pese a que el siniestro ocurrió dentro de Achocalla, esa disputa entre ambos territorios genera confusión sobre las competencias institucionales en la zona.

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