Después de veinte años de gobiernos masistas, la situación del país es crítica, por varios factores, como el derroche de enormes cantidades de dinero proveniente, principalmente, de la venta de gas al Brasil y la Argentina. Y es que cuando el MAS llegó al poder en 2006, proliferaron las promesas para hacer realidad el pregonado “proceso de cambio”, demostrar la validez del llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y otros instrumentos con los que se pensaba “vivir bien”.
Pero por falta de previsión y erradas políticas de gobierno, tanto de evistas como de arcistas, los problemas se han agravado, pues hoy, en un caso, está en extinción la principal fuente de ingresos económicos, por lo que cada vez exportamos menos gas, escasean dólares, alimentos, productos básicos, insumos, las RIN han llegado a niveles muy bajos, crece la inflación, baja el poder adquisitivo de la moneda nacional, aumenta el desempleo, etc.
Una de las consecuencias de tal derrumbe económico, político, social y hasta moral, es que se agudiza la pobreza y la mayoría de la población se ve obligada a pasar al sector informal, una gran parte al comercio callejero y otra a actividades inclusive irregulares, como el contrabando. Es que, a pesar de la propaganda oficialista sobre la creación de numerosas empresas estatales (que en realidad son elefantes blancos), no se dice que éstas fueron llenadas con afines al MAS, sin tomar en cuenta preparación académica o técnica, por lo que prevalecieron nepotismo, inoperancia, corrupción y otros males.
Lo cierto es que grandes sectores de la población no satisfacen sus necesidades básicas, en salud, educación, servicios básicos y vivienda. Además, el boliviano ha perdido su poder adquisitivo por la inflación que crece. Y un resultado de tal situación es que ahora hay cada vez menos empleo formal, con el cual en el pasado el trabajador podía entrar a planilla y gozar de beneficios como tener seguro de salud, hacer carrera administrativa, obtener una jubilación digna y otros.
Con gobiernos masistas los trabajadores han resultado más desprotegidos al prevalecer la informalidad que no favorece a las mayorías, pues está sujeta a la oferta y la demanda y al riesgo de operar en la irregularidad. Ni qué decir de organismos como la COB, cuya dirigencia en los últimos años solo ha buscado quedar bien con el oficialismo, inclusive ofreciendo apoyo político, para conseguir ventajas como construcción de sedes sindicales, recepción de motorizados, otorgación de cargos públicos, prórroga dirigencial, etc.
Lo peor es que ni evistas ni arcistas quieren reconocer sus tremendos errores, como no haber aprovechado el tiempo de bonanza, que fue resultado de un contexto internacional favorable y los descubrimientos de pozos de gas durante gobiernos neoliberales. Por todo eso se espera que el nuevo gobierno asuma medidas que favorezcan la recuperación de empleos formales, para reducir los niveles de pobreza actual, cuya muestra irrefutable está en las calles.