El próximo mandatario del país tiene numerosos retos en materia ambiental y de acuerdo con los expertos consultados por Mongabay Latam el principal es poner freno a la actividad extractiva en territorios indígenas, áreas protegidas y zonas de recarga hídrica. Además, los analistas ven que una de las tareas esenciales es eliminar el mercurio en la minería aurífera.
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, sostiene que “el extractivismo minero, hidrocarburífero y agroindustrial ha llegado a un límite que pone en riesgo la base misma de la vida, el agua, los suelos y los bosques”. La experta afirmó que el país debe ir hacia una transición productiva que priorice la soberanía alimentaria, la agroecología y las economías locales.
Monasterio también ve como reto la recuperación de la autoridad ambiental, a la que ve debilitada y fragmentada. “El próximo gobierno deberá recomponer y fortalecer los sistemas de fiscalización, sanción y control, asegurando que las normas ambientales se cumplan incluso frente a actores poderosos, y que las autoridades no sean cómplices de la impunidad ambiental”, dijo la experta.
Por su parte, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis), explicó que el futuro mandatario debe derogar las normativas que permitieron la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación y el uso de fuego en bosques. “Esto es clave para evitar la repetición de tragedias ambientales como las de [los incendios de] 2019 y 2024, así como para frenar la pérdida de bosque primario que coloca a Bolivia en los primeros lugares de deforestación a nivel mundial”, consideró el experto.
Vargas añadió que también se debe ajustar la política minera en Bolivia. El director del Cejis afirmó que deben fortalecerse las capacidades estatales para el control y monitoreo ambiental de las actividades mineras -legales e ilegales- en áreas protegidas y territorios indígenas. “El nuevo gobierno deberá restituir las garantías y los planes de gestión de áreas protegidas que fueron modificados tras la aprobación de la Ley 535 [de Minería y Metalurgia, de 2014] y prohibir toda actividad minera en zonas de alto valor natural y cultural”, dijo Vargas.
SIN AGENDA AMAZÓNICA
Los expertos ven que Quiroga, de la alianza Libre, impulsará un modelo extractivo y de apoyo al agronegocio y la ganadería expansiva. De Rodrigo Paz, actual senador y candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), solo ven que impulsa turismo comunitario y lucha contra los incendios.
Leonardo Tamburini, director de la organización Ore, ve cuatro tareas urgentes que deben ser aplicadas por el nuevo gobierno, que empezará su gestión el próximo 8 de noviembre con la posesión del nuevo presidente. La primera es una nueva política que ponga en funcionamiento el modelo de desarrollo rural establecido en la Constitución, sin poner en riesgo los recursos naturales ni el patrimonio natural del país, como bosques, áreas protegidas y territorios indígenas.
Un segundo reto –según Tamburini- es desmontar “el esqueleto normativo que incentiva la deforestación y los incendios”. La tercera tarea es definir una nueva política de tierras, poniendo en funcionamiento los organismos de concertación establecidos en la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Por último, el experto afirmó que se debe desarrollar legislativamente la Constitución, aprobando la ley de bosques, la ley de biodiversidad y la ley de tierras. “Toda norma es perfectible y es bueno ajustar lo que no funciona o distorsiona la gestión, pero la participación ciudadana es clave para el debate y las propuestas”, dijo Tamburini.
En la actual legislatura, hubo avances en el Senado para derogar tres “leyes incendiarias”, pero en Diputados el debate se estancó. Además, se paralizó un proyecto de ley para proteger los bosques del país. No existe voluntad política para detener el fuego.
Detrás del descontrol por los incendios están las denominadas “normas incendiarias”, un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Fueron expedidas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a 13 millones de hectáreas en 10 años (hasta 2025), mediante desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados. Terminaron favoreciendo la ocurrencia de incendios de grandes proporciones. Siete de ellas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
PLANTEOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), sostuvo en diálogo con Mongabay Latam que el próximo gobierno en Bolivia debe regular la política económica basada en el extractivismo de recursos naturales, como la minería del oro y del litio, “que devasta y destruye bosques, ríos, humedales, fuentes de agua superficiales y subterráneas, paisajes, áreas protegidas, territorios indígenas y biodiversidad”.
La lideresa indígena acotó que la próxima gestión presidencial también debe parar la ampliación de la deforestación de bosques en beneficio de la agroindustria, la ganadería, los monocultivos de transgénicos, como la soja, caña de azúcar y palma aceitera. “Deben enfrentar los métodos de deforestación para evitar los incendios de bosques primarios, que son la fuente de agua, y enfrentar también la aceleración del cambio climático con sequías e inundaciones, falta de alimentos, agua y enfermedades como consecuencia”, dijo Alipaz.
La dirigente también pidió que el próximo gobierno cumpla acuerdos y convenios internacionales de las cuales Bolivia es signataria, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú, con el fin de proteger a los defensores ambientales.
EL ORO BOLIVIANO
Según explicó a Mongabay Latam Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), los dos frentes políticos en carrera, al igual que los que quedaron en primera vuelta, evitan entrar en conflicto con las cooperativas mineras.
“La revisión de los planes nos deja la percepción de un escaso conocimiento del sector minero de parte de los partidos y alianzas políticas que presentaron sus planes. Varios partidos políticos no tienen un acápite especial para el sector minero, aspecto grave, considerando que la actividad minera en este momento es la principal actividad productiva del país, que se encuentra en franca expansión hacia la Amazonia Bolivia”, consideró Zaconeta.
El investigador del Cedla añadió que los presidenciales en la segunda vuelta deben delimitar una nueva política pública exclusivamente para el oro, en la que se establezca –dijo- parámetros tributarios, ambientales, socioterritoriales y el rol del Estado. “Urge delimitar dónde sí y dónde no puede hacerse minería en la Amazonía, qué actores, bajo qué condiciones técnicas, prevenir el impacto ambiental, la tributación que deba dejar esta actividad y el aprovechamiento del Estado de un mineral estratégico como el oro”, detalló. (Mongabay Latam)