Mientras una parte de la estructura jurídica del Estado expresó su apoyo a la posición del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, un grupo de magistrados autoprorrogados habría recurrido al “chantaje psicológico” en la población para buscar mantenerse en el poder de manera inconstitucional, según criterios del docente, investigador y asesor legal, Oscar Emilio Villanueva López.
“No es concebible mantener, en un Tribunal que es garantía de la defensa de derechos, la aplicación inconstitucional de la constitucionalidad, es totalmente absurdo y descabellado (…) Es muy peligroso mantener esquemas de un sistema que está terminando, no podemos seguir manejando un sistema donde tenemos personas que básicamente se venden al mejor postor, que están en un cargo y quieren mantenerse en él a cualquier precio. Ese es el problema de tener mercenarios legales al servicio de un poder”, sostuvo Villanueva a EL DIARIO.
La semana pasada, Saucedo denunció penalmente a cinco magistrados del TCP por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones, considerando que su actual ejercicio en el cargo –según expertos, actualmente extendido de manera inconstitucional desde diciembre de 2023 mediante una sentencia constitucional– generó un grave daño a la democracia.
Por su lado, el presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado, rechazó las acusaciones de Saucedo y advirtió que el TSJ pretende atentar contra el proceso electoral en curso y generar un vacío de poder a su institución en un acto que, según él, no corresponde a sus atribuciones y quebranta la independencia de poderes. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) remitió el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que lleve el caso a un juicio de responsabilidades.
Villanueva calificó de acertada la decisión del TSJ por mostrar una intención de “devolverle institucionalidad al Estado, de hacer que se vuelva a contar con una independencia (de poderes) y con autoridades que están realmente al servicio de la sociedad y no al servicio del poder”. Manifestó que las condiciones actuales están dadas para la aplicación de una justicia independiente.
El investigador expresó que esta posición de los magistrados autoprorrogados es una forma de “chantaje psicológico” para que la ciudadanía siga aceptando su ilegal extensión de mandato incluso después de la posesión de los nuevos gobernantes. Citó como una estrategia similar los conocidos dichos del expresidente, Álvaro García Linera, quien una década atrás afirmaba que “el sol se va a esconder y la luna se va a escapar” si Evo Morales dejaba el poder.
EFECTOS EN PROCESO ELECTORAL
Villanueva descartó que esta denuncia del TSJ afecte la realización de las elecciones. “El proceso eleccionario está garantizado desde otro tipo de instancias, como el manejo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). ¿Cuál sería el sustento legal para decir que hay un intento de perjudicar las elecciones? Si se genera un cese de funciones de los cinco magistrados autoprorrogados, el TCP podría funcionar con normalidad, son ellos quienes están provocando la desinstitucionalización del Poder Judicial”, expresó.
Para el docente universitario, la prueba de la legitimidad de esta acción es que muchas otras instituciones la respaldaron, desde la FGE hasta el Tribunal Agroambiental, dejando a los magistrados en una posición de victimismo cuando claramente su accionar es contrario a la ley desde enero de 2024.
“Cuando existe una autoridad que está tomando decisiones habiéndose cumplido un plazo, pero que ya debería haberse retirado y tomado acciones para devolver la institucionalidad, está actuando de forma indebida, está usurpando un poder que ya no le corresponde. Prueba de ello es que gran parte de la estructura jurídica del país le ha dado su apoyo al presidente del TSJ: el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura o la Fiscalía”, agregó a este matutino.