La problemática de los avasallamientos en Bolivia representa un entramado complejo que va más allá de la simple ocupación ilegal de tierras. Según la abogada ambientalista Yovanka Pardo Salas, estos grupos organizados, que suelen presentarse como comunidades pobres sin tierra, encubren una realidad más peligrosa debido a que a menudo están vinculados al tráfico ilegal y forman parte de redes con intereses políticos y económicos, dijo en entrevista con EL DIARIO.
Agregó que estos grupos lucran con el conflicto y la tierra, transformando invasiones en un negocio consolidado.
Pardo Salas clasificó los avasallamientos en tres tipos principales: “el primero ocurre en tierras fiscales, donde invasores ingresan para fines como sembradíos, ganadería o tráfico ilegal; el segundo se da en predios privados, cuando grupos armados intentan adueñarse de territorios a pesar de la acción policial y el tercero, menos frecuente pero recurrente, es la ocupación de áreas protegidas”.
Esta última modalidad incluye parques nacionales y reservas, afectando gravemente la biodiversidad y los ecosistemas que Bolivia custodia.
DEFORESTACIÓN Y LEGISLACIÓN CONTRADICTORIA
La magnitud ambiental del problema es impactante, debido a que solo en 2022 se deforestaron 595.996 hectáreas, datos que ilustran una crisis ambiental profunda, equivalente a perder árboles en un área mayor que la totalidad de Trinidad y Tobago. Este daño está impulsado en parte por una interpretación controversial de la Ley INRA.
“Para acreditar el derecho a la tierra, se debe demostrar que se están realizando actividades agrícolas”, explicó Pardo Salas, “y esto conlleva la tala de los bosques. Paradójicamente, las tierras desmontadas tienen mayor valor que el bosque original, cuando debería ser al revés”. Esta percepción errónea es una causa clave del desastre socioambiental que sufre el país.
MARCO JURÍDICO INSUFICIENTE
En el plano legal, la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0319/2013 establece límites claros: “En casos de avasallamiento, donde existe afectación al derecho a la propiedad, debe haber sanciones firmes”. Sin embargo, Pardo Salas denuncia la falta de aplicación efectiva. “A pesar de la Ley 477, los administradores de justicia no garantizan su cumplimiento, creando una sensación de impunidad que favorece a los invasores”, sostuvo.
El INRA ha avanzado en el saneamiento de tierras, alcanzando el 94% al 2025, eso limita su competencia a un reducido 6% de tierras aún en proceso. La mayoría de los casos son remitidos al Tribunal Agroambiental, pero esta institución enfrenta desafíos “por falta de voluntad política y personal especializado, lo que dificulta desalojos y la recuperación efectiva de tierras”.
ECONOMÍA NO
SOSTENIBLE
La expansión de actividades económicas no renovables e intensivas genera una presión insostenible. “La economía de Bolivia en los últimos 15 años se ha basado en hidrocarburos, minería, agricultura y ganadería”, señaló la experta. Mientras la minería y los hidrocarburos son recursos no renovables que eventualmente se agotan, la agricultura y ganadería son extensivas, requieren más espacio y han agotado las tierras tradicionales, esto ha provocado que se invadan territorios indígenas y áreas protegidas”.
La minería ilegal, además, ha aumentado sus operaciones en territorios indígenas y parques nacionales, como el emblemático Madidi, “provocando también avasallamientos y afectando gravemente la conservación ambiental”.
VÍCTIMAS ATRAPADAS EN LA VIOLENCIA
Los predios afectados por el avasallamiento enfrentan una realidad dura: “impunidad para los perpetradores; lentitud y selectividad en la justicia; violencia y miedo durante los desalojos; y falta de recursos para defenderse”, describió Pardo Salas.
“El tráfico de tierras se sanciona con mayor severidad cuando involucra a funcionarios públicos, pero la corrupción y conexiones políticas otorgan a los invasores una aparente legalidad”, dijo.
SOLUCIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA
Para Pardo Salas, el futuro depende de una coordinación efectiva entre el Estado y las instituciones judiciales.
“El Gobierno no puede luchar solo contra los avasalladores, debe hacerlo en conjunto con el Tribunal Agroambiental, el Órgano Legislativo y Judicial”. Además, destacó que “el Tribunal Agroambiental debe socializar y apoyar la aplicación de la normativa para disminuir el atropello de los avasalladores, que no solo perjudican a propietarios sino también al patrimonio ambiental del país”, finalizó.
