El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que, en al menos seis procesos penales y disciplinarios que involucran a jueces y exjueces del departamento de Cochabamba, se identificó graves irregularidades en la administración de justicia, con casos activos por prevaricato, corrupción, uso indebido de bienes del Estado, falsificación y usurpación de funciones.
Baptista explicó que el Consejo de la Magistratura reencauzó y reactivó causas que se encontraban paralizadas. “Algunos (jueces) están siendo investigados por prevaricato, otros cuentan con sentencias condenatorias pendientes de ejecutoria, e incluso existen mandamientos de captura internacional”, señaló.
El primer caso corresponde a un exjuez del Juzgado Tercero Civil y Comercial de Sacaba, acusado de conformar un consorcio de corrupción judicial, uso indebido de influencias, retardación de justicia y uso indebido de bienes del Estado. Según Baptista, tiene mandamiento de aprehensión vigente y solicitud de cooperación internacional ante Interpol, pues habría huido del país para evadir a la justicia.
El segundo caso involucra a una exjueza del Juzgado de Instrucción Cautelar N°2 de la capital, sentenciada el 29 de agosto de 2025 por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia a siete años de prisión por prevaricato e incumplimiento de deberes. La sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, ya que fue apelada por la defensa.
En un tercer proceso, un exfuncionario de Derechos Reales enfrenta cargos por usurpación de funciones y uso indebido de instrumento falsificado. Según investigaciones, habría presentado documentación dolosa, incluyendo una libreta de servicio militar falsificada, para acceder al cargo. Actualmente cuenta con medidas cautelares y fue removido del Consejo de la Magistratura.
Otro juez de Cochabamba enfrenta una investigación penal por prevaricato, proceso que se tramita en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción. El Consejo de la Magistratura se apersonó como denunciante y ha solicitado medidas cautelares, cuya resolución se encuentra en apelación ante la Sala Penal Cuarta.
El quinto caso, también por prevaricato, corresponde a un juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de Quillacollo, con sentencia condenatoria y audiencia de medidas cautelares programada para el 16 de octubre de 2025. El Consejo espera que en esa audiencia se determine su detención preventiva.
Finalmente, un juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de Quillacollo enfrenta una denuncia por prevaricato e incumplimiento de deberes. Baptista explicó que este proceso, como otros, había permanecido inactivo hasta que el Consejo decidió reactivarlo durante la presente gestión.
“Estos procesos estaban dormidos. Ahora se están ejecutando para que haya una respuesta efectiva. Si los jueces demuestran su inocencia, será la justicia la que lo determine. Pero si son declarados culpables, no podrán continuar en la función pública”, enfatizó Baptista, a tiempo de afirmar que busca restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial. (Agencias)
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