Una ALP para el olvido

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) actual es la peor en muchos años, para no decir la peor de todas, pues la crónica oficial de los anales de la historia política boliviana difícilmente muestra un Congreso más desastroso que el actual. La ALP debe ser el lugar donde se hacen las leyes del país, el centro político donde se establecen consensos y se negocia políticamente entre los diferentes partidos con representación, para hallar soluciones a conflictos sociales y, sobre todo, para la definición de políticas públicas. Estas cosas no han ocurrido en todos estos años, y no solamente en los que van desde 2020, sino en los del llamado Proceso de Cambio, cuando la Asamblea fue asumida por personas sin cultura, sin capacidad de diálogo, sin ética. Las cuotas que el populismo “masista” promovió le hicieron un daño inmenso a la credibilidad de tan importante institución.
Hace unos días se difundió en redes sociales un video de una asambleísta “masista” durmiendo y siendo sorprendida en el momento que tenía que tomar la palabra; y también se viralizó otro video en el que se veía que una asambleísta más o menos anónima (María Elena Ortega, de CC) pidió teléfonos móviles nuevos, ya que los legisladores no reciben desahucios ni finiquitos.
El periodo 2020-2025, a diferencia de los periodos 2010-2015 y 2015-2020, registró la más baja aprobación de leyes desde la puesta en vigencia de la CPE del 2009: solo 284 leyes aprobadas. Pero, además, hay que advertir que, de esas 284 leyes aprobadas, una gran mayoría se refería a transferencia de bienes, de préstamo y de declaración de patrimonio nacional. Declarar como patrimonio nacional esto o lo otro o transferir terrenos fueron las prioridades de los legisladores, quienes no pocas veces optaban por protagonizar escandalosos pugilatos en el hemiciclo de la Asamblea. Escupitajos, puñetazos e insultos fueron las armas, y no las ideas ni los argumentos. Por supuesto que hubo notables excepciones, pero fueron muy escasas, casi imperceptibles, lamentablemente.
Casi 320 millones de bolivianos nos costaron los legisladores (diputados, senadores y supraestatales) en estos cinco años, una verdadera fortuna teniendo en cuenta el pobre y mediocre trabajo que realizaron. Eso, sin contar los bonos de alimentación que reciben, los viajes en jet que tienen por mes, los ujieres y asesores con que cuentan y los viáticos para sus viajes oficiales, entre otras comodidades (lujos). Por ese motivo, entrar a las listas de candidatos a la Asamblea es un motivo de pelea encarnizada, porque saben que allá se tiene una vida de reyes a costa de un trabajo que no necesariamente es sacrificado o esforzado.
En las últimas semanas se supo que varios de los legisladores electos son o demasiado jóvenes, o “masistas” reciclados o directamente personas sin ideas ni cultura. Sin embargo, se espera que ahora ellos sean la minoría, y que la mayoría sea gente educada, demócrata y con ideas para proponer y debatir.