El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, admitió ayer que el Gobierno de Luis Arce no tiene condiciones para luchar contra los avasallamientos en Bolivia y que esta tarea debe hacerse en conjunto con los tribunales de Justicia y Agroambiental.
“Tiene que ser un esfuerzo de todos, pero lamentablemente hay empresarios y otros sectores que están infiltrados. Definitivamente, los esfuerzos que está haciendo nuestro Gobierno a través del Ministerio de Gobierno –investigando, haciendo los desalojos y haciendo respetar (las tierras)– son mínimos cuando vemos que el problema se reproduce en diferentes lugares”, señaló Villca en declaraciones a la prensa.
Sugirió que será necesario implementar “medidas más radicales y fuertes” como la militarización de predios. Villca agregó que es necesaria la coparticipación de todos los poderes del Estado, pues instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tienen personal y recursos escasos para destinarlos a frenar los avasallamientos.
“Los territorios son extensos y por eso los esfuerzos que hacen las instancias (gubernamentales) no alcanzan. Por ejemplo, en minería, la AJAM es la instancia pertinente y las condiciones que tiene para hacer respetar –según uno puede evaluar– evidentemente no son suficientes. En el INRA, tenemos una institución sin funcionarios, porque los créditos del extranjero eran para cuidar, regular o proteger las tierras”, agregó.
La semana pasada hubo dos avasallamientos violentos en predios privados de los municipios de Montero y Guarayos (Santa Cruz), donde centenares de personas –presuntamente armadas con machetes, palos, hondas, cuchillos y explosivos– ingresaron ilegalmente, derribaron árboles, retuvieron a los trabajadores por horas, hirieron a uno de los dueños y robaron 130 reses.
En medio de esta crisis, llamó la atención la acción tardía e insuficiente de la Policía frente a multitudes encapuchadas y armadas. Contingentes policiales fueron desplegados varias horas o incluso días después de que se registraron los hechos para restablecer el orden, luego de que los delincuentes consumen sus delitos.