La instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar el cumplimiento de las detenciones preventivas a nivel nacional alcanzó apenas al 1,03% de la población carcelaria, según alertó la Defensoría del Pueblo.
Pedro Callisaya, titular de la entidad defensorial, informó que, de más de 18.400 internos en detención preventiva, solo unos 200 casos han sido revisados hasta la fecha, pese a que el uso excesivo de esta medida es uno de los principales factores del hacinamiento penitenciario.
“Asumiendo lo que el presidente del TSJ (Romer Saucedo) ha mencionado hace un par de semanas, sobre que habrían procedido a realizar 200 revisiones de detenciones preventivas, en ese caso resulta que se trata de un 1,03% del universo de personas privadas de libertad en detención preventiva”, señaló Callisaya, citado por ABI.
Según datos oficiales, Bolivia registró 33.058 privados de libertad al mes de julio, lo que representa un 105% de sobrepoblación. En varias cárceles, la situación es crítica: San Pablo de Quillacollo opera con un 513% de hacinamiento; San Sebastián de Cochabamba, con 346%; San Pedro de Oruro, con 243%; y Palmasola de Santa Cruz, con 205%.
El 22 de agosto, el TSJ emitió los instructivos 18/2025 y 19/2025, para la revisión de detenciones preventivas y jornadas nacionales de verificación respectivamente, luego de ordenar el cumplimiento de los plazos procesales de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, cuyos juicios posteriormente fueron anulados.