Las primeras elecciones judiciales, realizadas el 16 de octubre de 2011, tuvieron resultados que evidenciaron un contundente rechazo ciudadano. Un 57.9% de los votantes optó por el voto nulo o en blanco, superando a todos los votos válidos. Este resultado fue un verdadero terremoto político que puso en duda la viabilidad del experimento democrático judicial.
El masivo rechazo reflejó la percepción de que el proceso electoral estaba viciado y manipulado. Los bolivianos, convocados por primera vez a elegir a sus autoridades judiciales, usaron esta oportunidad democrática para expresar su desconfianza en el sistema propuesto.
El proceso de preselección, a cargo de una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, generó serias dudas sobre la independencia del proceso. Los ciudadanos percibieron que las opciones estaban predeterminadas por consideraciones político-partidarias, y que el voto popular era solo un mecanismo para dar legitimidad formal a decisiones ya tomadas.
La falta de candidatos independientes y la opacidad en la selección reforzaron la idea de que la participación popular era instrumentalizada para legitimar designaciones políticas. Esto causó un gran impacto político, al punto que el voto nulo y en blanco se convirtió en la “primera fuerza electoral”, un precedente inédito que cuestionó la viabilidad del modelo.
En las segundas elecciones judiciales, realizadas el 3 de diciembre de 2017, la crisis se profundizó aún más, el porcentaje de votos nulos o en blanco aumentó al 65.9%, evidenciando un deterioro en la confianza ciudadana. Este aumento reflejó el fracaso del experimento electoral para generar autoridades judiciales independientes y el deterioro de la credibilidad del sistema.
Los resultados de 2017 fueron una evaluación devastadora del desempeño de las autoridades judiciales elegidas en 2011. Decisiones percibidas como politizadas, como la habilitación inconstitucional del cuarto mandato de Evo Morales, reforzaron la noción de que el poder judicial estaba subordinado al poder político.
La crisis alcanzó su punto más crítico en 2023, cuando las elecciones judiciales programadas no se realizaron a tiempo. Esta omisión generó una crisis constitucional, dejando a las autoridades judiciales en funciones más allá de sus periodos constitucionales. La suspensión de facto de las elecciones fue una flagrante violación del orden constitucional.
La suspensión de las elecciones evidenció el fracaso rotundo del modelo. El Gobierno perdió la confianza en su propio experimento, reconociendo implícitamente que los resultados serían aún más adversos, sin embargo, no se ofrecieron opciones viables, lo que creó un vacío institucional que debilitó aún más la legitimidad del poder judicial.
Uno de los aspectos más preocupantes de este deterioro es la eliminación sistemática de los criterios meritocráticos para designar a los operadores de justicia. La sustitución de la meritocracia por consideraciones políticas ha “desprofesionalizado” el sistema, convirtiéndolo en un instrumento directo del poder político.
La politización de la carrera judicial ha generado una pérdida dramática de profesionalización, los ascensos ahora dependen más de la lealtad política que de la competencia técnica, afectando la calidad de las decisiones judiciales. Las sentencias a menudo reflejan orientaciones ideológicas, en lugar de fundamentos jurídicos, corroyendo la imparcialidad y la confianza pública.
El resultado final es un sistema judicial que funciona principalmente como una extensión del poder ejecutivo. La falta de independencia judicial sigue siendo una meta inalcanzable, y el fracaso de las elecciones judiciales como mecanismo de reforma ha dejado al país en una compleja encrucijada institucional.
La persistencia de los problemas estructurales demuestra que la democratización formal no es suficiente si no va acompañada de cambios profundos en la cultura política y en los sistemas de evaluación y rendición de cuentas, lo que mantiene viva la crisis de legitimidad.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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