Estados Unidos amplió las sanciones contra funcionarios brasileños y sus familias ayer, dos semanas después de que el expresidente Jair Bolsonaro fuera condenado por intento de golpe de Estado. Los anuncios se produjeron en vísperas del discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante la Asamblea General de la ONU.
Al ministro de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Messias, se le suspendió la visa de entrada. Según la agencia de noticias Reuters, la medida también afectó al exprocurador general José Levi; al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (STJ), Benedito Gonçalves; y a los miembros y exmiembros de la oficina del magistrado Alexandre de Moraes en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF), en el caso de los jueces Airton Vieira, Marco Antonio Martin Vargas y Rafael Henrique Janela Tamai Rocha.
Además, la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, fue incluida en la Ley Magnitsky. También se incluyó una empresa propiedad de Viviane y de los tres hijos de la pareja. El anuncio fue realizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«Alexandre de Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de ayer deja claro que el Tesoro seguirá persiguiendo a quienes brindan apoyo material a Moraes mientras este viola los derechos humanos», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En una publicación en la red social X (antes Twitter), el ministro Jorge Messias sostuvo que “cuando un Estado ataca a un abogado por defender a su cliente, es claro que se han vulnerado gravemente los principios fundamentales del Estado democrático de derecho”.
En un comunicado oficial firmado por Messias, la AGU afirma que «las más recientes medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra las autoridades brasileñas y sus familiares agravan un conjunto irrazonable de acciones unilaterales, totalmente incompatibles con la conducción pacífica y armoniosa de las relaciones diplomáticas y económicas construidas a lo largo de 200 años entre los dos países».
«Ante esta injusta agresión, reafirmo mi pleno compromiso con la independencia constitucional de nuestro Sistema de Justicia y acepto sin vacilación la medida específicamente dirigida contra mí. Continuaré desempeñando mis funciones con vigor y escrupulosidad en nombre y a favor del pueblo brasileño», declaró Messias en el comunicado.
El propio ministro Alexandre Moraes fue incluido en la Ley Magnitsky en julio, el mismo día que Trump formalizó el aumento del 50% de los aranceles a las exportaciones brasileñas. Fue el primer brasileño sancionado directamente por la ley, que impone restricciones económicas como la congelación de cuentas bancarias y activos en territorio estadounidense.
El Supremo Tribunal Federal lamentó la decisión de la administración Trump y afirmó que «considera injusta la aplicación de sanciones a la esposa del ministro Alexandre de Moraes».
Desafortunadamente, las autoridades estadounidenses se convencieron de una narrativa que no se corresponde con los hechos: estamos ante un juicio que respetó el debido proceso y el pleno derecho a la defensa, con plena publicidad. En Brasil, casi toda la sociedad reconoce la importancia histórica de un juicio y castigo por un intento de golpe de Estado, afirma el comunicado del STF.
«Si ya había injusticia al sancionar a un juez por actuar con independencia y dentro de la ley y la Constitución, la extensión de las medidas a un familiar del juez es aún más injusta», concluyó en la nota.
Moraes también afirmó, en un comunicado, que la decisión de la administración Trump es «ilegal y lamentable».
«La independencia judicial, el coraje institucional y la defensa de la soberanía nacional forman parte del universo republicano de los jueces brasileños, que no aceptarán coerción ni obstrucción en el ejercicio de su misión constitucional, soberanamente conferida por el pueblo brasileño», afirmó Moraes.
Las instituciones brasileñas son fuertes y sólidas. El camino a seguir es el respeto a la Constitución, y no hay posibilidad constitucional de impunidad, omisión ni apaciguamiento cobarde. Como miembro del Supremo Tribunal Federal, seguiré cumpliendo mi misión constitucional de juzgar con independencia e imparcialidad”, concluye el documento del STF.
La decisión del gobierno estadounidense de extender las sanciones a la familia del ministro se produce diez días después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenara al expresidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Siete aliados de Bolsonaro también fueron condenados.
La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que pronto se anunciarían nuevas medidas en respuesta a la condena. Rubio ocupa el cargo equivalente al de jefe de la diplomacia en el gobierno estadounidense.
Benedito Gonçalves, quien es ministro del STJ, formó parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) entre 2021 y 2023. Como inspector de la Justicia Electoral, Gonçalves fue relator de los dos procesos que inelegieron a Bolsonaro : sobre los ataques al sistema electoral en una reunión con embajadores y el 7 de septiembre de 2022.
Airton Vieira y Marco Antonio Martin Vargas son jueces del Tribunal de Justicia de San Paulo (TJ-SP) y trabajaron en la oficina de Moraes en el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, ambos dejaron sus cargos en 2024 y 2023, respectivamente. Vargas también trabajó con Moraes en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
También incluido en la lista, el juez Rafael Rocha permanece en la oficina de Moraes en el Supremo Tribunal Federal. Dirigió algunas de las audiencias con testigos e interrogatorios de los acusados en los casos penales relacionados con el intento de golpe de Estado.
Otro exasesor del ministro es José Levi. Se desempeñó como Fiscal General del Estado durante el gobierno de Bolsonaro entre 2020 y 2021. Sin embargo, antes y después de ese período, colaboró con Moraes.
Levi se desempeñó como secretario ejecutivo de Moraes en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Michel Temer. Posteriormente, regresó a trabajar con el ministro cuando este presidió el Tribunal Superior Electoral (TSE) entre 2022 y 2024, donde ocupó el cargo de secretario general.
Desde enero de 2024, Levi forma parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Recientemente, fue incluido en una de las tres ternas para nombramientos ministeriales en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva optó por renovar el nombramiento del ministro Floriano de Azevedo Marques.(O Globo)