Puntualizando que han transcurrido nueve meses desde la vulneración del derecho al voto para el 56% de ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral, quienes no pudieron elegir a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los departamentos de Cochabamba, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz, el analista e investigador Manuel Morales Álvarez, emplazó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a emitir o gestionar ante el Parlamento una convocatoria para que se complete el proceso de las elecciones judiciales.
A través de una carta remitida al TSE, Morales solicitó al presidente interino del ente electoral, Oscar Hassenteufel, se emita una convocatoria para completar la elección de magistrados del TCP correspondientes a los 5 departamentos en los que no se realizó esta votación el 15 de diciembre de 2024, por determinación judicial.
“En mi condición de ciudadano boliviano, en el ejercicio de mis derechos constitucionales, solicito al Tribunal Supremo Electoral, a través de su autoridad, puedan convocar y/o realizar las gestiones legislativas correspondientes para que se realice la elección de magistrados por voto ciudadano correspondientes al TCP, con una fecha definida y a la brevedad posible”, señala parte de la nota entregada por el activista en instalaciones del TSE.
Morales además cuestionó que hayan transcurrido nueve meses desde aquella vulneración del derecho al voto contra un importante porcentaje de la población, sin que autoridades del TSE o de la Asamblea Legislativa Plurinacional expresen alguna intención de cumplir con sus obligaciones constitucionales, respetando y garantizando el derecho político electoral ciudadano de elegir o ser electores, consagrado en la Constitución Política del Estado
“Ustedes como vocales del TSE tienen obligaciones y deben cumplir con lo dispuesto en la CPE y las leyes electorales, de no hacerlo cometen violaciones a derechos fundamentales y deberes en el ejercicio de sus funciones”, refirió Morales en su carta, advirtiendo con el inicio de acciones penales en caso de que el ente electoral no cumpla con la pronta emisión de la convocatoria pendiente.