Publicidad en transporte no será controlada por la comuna

El Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer una norma que excluye a la publicidad emplazada en medios de transporte público y privado de los alcances de la Ley Municipal Autonómica N° 216, lo que significa que el alcalde Iván Arias ya no podrá ejecutar operativos de control ni imponer sanciones sobre este tipo de anuncios. La disposición será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia.
El concejal Javier Escalier explicó que el artículo 1 de la norma establece que la publicidad en transporte queda fuera de la Ley 216 y sus reglamentos. Mientras que el artículo 2 fija condiciones mínimas para este tipo de anuncios: no deben obstaculizar la visibilidad de conductores ni pasajeros, tampoco incluir luces o música, ni exceder la capacidad natural del vehículo.
La norma fue aprobada, en primera instancia, en la Comisión de Planificación y Gestión Territorial, conformada por los concejales Óscar Sogliano y Escalier, impulsores de la modificación. El legislador destacó que esta medida corrige años de arbitrariedad, cometidas por la Alcaldía a través de operativos de control.
“Se ponía como excusa la seguridad vial, pero en la práctica lo que hacía el Ejecutivo era cobrar patentes para autorizar la publicidad móvil. Si se trataba realmente de un problema de visibilidad y seguridad, no podía resolverse con un simple pago. Eso era incoherente y abusivo”, afirmó Escalier.
En los últimos meses, la alcaldía de La Paz había realizado operativos contra anuncios colocados en minibuses, buses y otros vehículos, argumentando el cumplimiento de la Ley 216. Sin embargo, los funcionarios municipales reconocían que la publicidad sí podía ser emplazada siempre y cuando se pagara una tasa anual de 400 bolivianos por metro cuadrado.
“Ese doble discurso terminó desvirtuando el objetivo de la norma. Mientras se decía que se cuidaba la visibilidad, en los hechos se trataba de una recaudación arbitraria. Además, los funcionarios llegaban a tapar anuncios con carteles mucho más grandes que los mismos letreros, con la leyenda ‘Publicidad no autorizada’. Eso era un exceso inaceptable”, agregó el concejal.
El legislador municipal también cuestionó la falta de respaldo técnico-jurídico en los informes que sustentaron la aplicación de la Ley 216 desde 2016. “La norma hablaba de cuatro tipos de publicidad, pero los informes omitieron justificar la llamada publicidad móvil. Esa omisión abrió espacio a interpretaciones discrecionales que derivaron en operativos irregulares y sanciones injustas. Con la nueva disposición, se pone fin a esa contradicción”, explicó.
Según Escalier el Concejo actuó dentro de sus competencias legislativas, como lo establece la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. “La Alcaldía debe entender que el Concejo tiene la facultad de dictar leyes municipales. Esta es una medida que busca transparencia, coherencia normativa y respeto a la actividad económica sin afectar la seguridad ciudadana”, concluyó.
Con la promulgación de esta norma, el ejecutivo municipal tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas señaladas, pero ya no podrá regular el cobro ni el control de la publicidad en medios de transporte.