Balderas: “Bolivia debe dejar de ser paraíso de delincuentes”

Destacando recientes determinaciones judiciales en favor de perseguidos políticos durante el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), el asambleísta nacional por el departamento del Beni, Óscar Balderas Montaño, planteó que se continúe con el proceso de reinstitucionalización judicial, revisando solicitudes de extradición que, en su momento, fueron obstaculizadas. Uno de estos casos corresponde al asesor político Walter Chávez, requerido por la justicia peruana.
En criterio de Balderas, es necesario que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dé más muestras de independencia judicial, revisando y viabilizando solicitudes de extradición que fueron negadas durante el gobierno de Evo Morales.
“Para seguir en la ruta de la reinstitucionalización judicial y la separación de Órganos del Estado, ahora le corresponde al TSJ revisar y viabilizar el proceso de extradición del terrorista prófugo Walter Chávez, requerido por el Perú desde 2008”, sostuvo el legislador.
Asimismo, lamentó que dicha solicitud procedente de un país vecino, haya sido manipulada para beneficiar con impunidad a un personaje cuestionado en el país como fuera de sus fronteras, todo por disposición del régimen “evista”.
Según Balderas, es necesario hacer que Bolivia deje de ser un “paraíso de delincuentes” y se obligue a todo aquel que cuente con asuntos pendientes ante la justicia de su país, responda por sus actos en las instancias correspondientes.
En diciembre del año 2007, desde la Cancillería se confirmó la recepción de una solicitud de extradición del súbdito peruano Walter Chávez, pedido que fue remitido a la entonces Corte Suprema de Justicia para su análisis y posterior pronunciamiento al respecto.
Según la petición, Chávez -exasesor de Evo Morales- era requerido por la justicia peruana, acusado por supuestamente pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organización con características terroristas, para quienes habría recolectado sumas de dinero procedentes de la extorsión a empresarios peruanos en los años 90, antes de su ingreso al país.
“La Embajada de la República del Perú, en aplicación de la Convención sobre Derecho Internacional Privado de 1928 ‘Código Bustamante’, envía la documentación de la solicitud de extradición del ciudadano peruano José Walter Chávez Sánchez, con el objeto de que asuma las emergencias del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en agravio del Estado peruano (…)”, señala parte de la nota remitida en ese entonces, en la que además se recordó que las relaciones internacionales en materia de extradición entre Bolivia y Perú se encuentran regidas por la Convención sobre Derecho Internacional Privado de 1928.
En mayo de 2008, la Corte Suprema rechazó el pedido de extradición de Chávez, argumentando que contaba con el status de refugiado político.
“Hablamos de la Suprema Corte de Justicia de Bolivia. Sus fallos son irreversibles y no existe una instancia superior a ella que pueda revisar la condición de refugiado político de Chávez”, declaró en ese entonces el embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano.
Ya en enero de 2024, la diputada oficialista Deysi Choque pidió al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) revisar la condición de “refugiado político” de Chávez, por supuestamente promover el enfrentamiento entre bolivianos.
Después de haber sido asesor de Evo Morales hasta el año 2005, Chávez cumplió similar labor para la agrupación política Creemos.