Lo que se avizoraba como una semana importante para Luis Fernando Camacho y los procesos que tiene en la Justicia se consolidó cerca de las 14:00 horas de ayer cuando un tribunal le concedió detención domiciliaria, en el caso del paro de 36 días por el censo, allanándose así el camino de retorno a Santa Cruz.
El giro de la situación jurídica de Camacho, de la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez y del excívico potosino, Marco Pumari, se veía venir con la instrucción que lanzó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 22 de agosto, con el que ordenaba revisar los plazos de detención preventiva de los tres acusados de la crisis política del 2019.
Además de la detención domiciliaria para el Gobernador de Santa Cruz, el tribunal dispuso otras medidas sustitutivas como el arraigo, la obligación de presentarse ante la Fiscalía una vez al mes, el pago de una fianza de Bs 50.000 y la prohibición contactarse con los investigados dentro del caso.
El paro de los 36 días tuvo lugar en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, impulsada por diferentes instituciones y sectores sociales cruceños para exigir que se adelante la realización del Censo de Población y Vivienda.
El abogado defensor, Martín Camacho, informó que, luego de conocer la determinación judicial, “inmediatamente” se realizarían los trámites del arraigo y el pago de la fianza y recordó que existen siete procesos abiertos contra el gobernador, de los cuales la mayoría se encuentran en etapa preliminar o en etapa preparatoria sin detención preventiva.
Hoy se tiene prevista otra audiencia virtual por la emisión del Decreto Departamental 373 en 2022, caso en el que el gobernador tenía arresto domiciliario y permiso laboral. En la audiencia, se solicitará que se modifique esta medida, adelantó el abogado Camacho a la prensa.
Aunque este proceso estaba en etapa de inicio de juicio oral, a la fecha no fue instalado ante los reiterados traslados frustrados del gobernador, por una presunta “falta de garantías” que arguyó Régimen Penitenciario.
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