Dos graves agresiones al medio ambiente

Desde que el MAS llegó al poder en 2006, proliferaron los discursos sobre un “proceso de cambio” que implicaría mejoras en varios niveles, para beneficiar a la población. Los portavoces del régimen de gobierno populista se encargaron en los años siguientes de pregonar, por ejemplo, el respeto a la Madre Tierra, a los pueblos indígenas, etc. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Y es que, debido a políticas gubernamentales tolerantes con la depredación de bosques y la contaminación minera, varias zonas del país han sido afectadas por inclementes incendios, así como por la contaminación de cursos de agua y degradación de la tierra por el uso de químicos tóxicos, por parte de la minería regular e irregular.
En cuanto a los incendios forestales y quemas descontroladas basta mencionar que, en 2024, fueron devastados más de 12 millones de hectáreas en el país. A pesar de que se sabe que, entre junio y octubre, se producen los “chaqueos”, las quemas para habilitar tierras para la siembra agrícola, no han sido adoptadas medidas efectivas para evitar descontrol. Además, se debe añadir que otras quemas están relacionadas con el aumento de cocales, el interés de colonos para habilitar terrenos y lotearlos, etc.
Tampoco las autoridades han atendido demandas de pueblos indígenas y ambientalistas para que sean eliminadas las llamadas “leyes incendiarias”, las cuales autorizan los “chaqueos” y establecen sanciones irrisorias para los infractores. Al respecto, desde la opinión pública se señala que para impedir que se produzcan más incendios forestales, se requiere voluntad política para realmente hacer respetar tierras fiscales, como los parques nacionales, codiciados por avasalladores y explotadores de recursos naturales.
Como consecuencia de la laxitud del gobierno de turno, recientemente observamos incendios forestales en la Reserva Biológica de Sama, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Carrasco y en otras zonas, ocasionando grandes daños al medio ambiente. A pesar de que no faltan normas, decretos y operativos para apagar quemas, resultan insuficientes, temporales y algunas veces tardíos, por lo que un nuevo gobierno deberá realmente proteger los ecosistemas y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Otra grave agresión a la naturaleza es la contaminación minera en varias poblaciones, como recientemente en Huanuni, en el río San Juan del Sora Sora del Departamento de Oruro. Al respecto se conoce denuncias de organizaciones indígenas de Oruro, La Paz y Potosí por la contaminación debido al uso en minería de mercurio, arsénico y plomo, lo que afecta a sus poblaciones. Los denunciantes se refirieron a la contaminación del agua que sale de minas, al aire enrarecido por partículas de plomo, así como a niveles elevados de mercurio en habitantes examinados.
Como se advierte, son dos grandes problemas que deberá afrontar el próximo gobierno y que se han agravado en los últimos años debido particularmente a que no se ha querido afectar los intereses de sectores sociales afines al “masismo”.