Demandan acción urgente ante incendios forestales

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, observa con profunda preocupación el avance de los incendios forestales que afectan áreas protegidas de carácter nacional, entre ellas la Reserva Biológica de Sama, donde 8.300 hectáreas resultaron afectadas y cuyo incendio ya fue sofocado; el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 14.566 hectáreas dañadas y focos de fuego aún activos; y el Parque Nacional Carrasco que continúa en riesgo sin un reporte oficial actualizado sobre la extensión del área afectada.
Ante la magnitud de esta emergencia ambiental, la Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento público, exigió el estricto cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024 y exhorta a las autoridades de todos los niveles -nacional, departamental, municipal y de autonomías indígena originario campesinas- a priorizar la prevención, el control y la erradicación de incendios forestales en estas zonas. La protección de estos ecosistemas es un deber legal y ético, esencial para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la vida, la salud, la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.
En este sentido, la institución recordó al Sernap y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la obligación de establecer mecanismos operativos oportunos y eficaces, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, dando estricto cumplimiento al Artículo 5° del Decreto Supremo N° 5225, que dispone el refuerzo del resguardo de áreas protegidas y reservas forestales. La respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente para sofocar los incendios activos, reparar los daños y prevenir futuros desastres.
“La inacción o la tardanza en la respuesta, compromete irreversiblemente la biodiversidad, el equilibrio ecológico y los derechos de las generaciones presentes y futuras. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de monitorear permanentemente la situación, activar los mecanismos legales necesarios y exigir que las autoridades competentes asuman su responsabilidad”, sostiene el documento. Asimismo, hace un llamado a la sociedad boliviana para unir esfuerzos en defensa de nuestro patrimonio natural, indispensable para la vida y el desarrollo sostenible del país.