La independencia e imparcialidad del sistema judicial ha sido un desafío permanente a lo largo de la historia de Bolivia, con ciclos de relativa autonomía y otros de fuerte injerencia de los gobiernos de turno. Desde la época colonial, con la Real Audiencia de Charcas —donde, en los hechos, la administración de justicia estaba sujeta a la voluntad de la corona española— y a partir de la independencia de Bolivia, se registraron intentos de establecer un sistema judicial independiente. Sin embargo, la inestabilidad política que caracterizó el derrotero de la vida institucional del país durante el Siglo XX y la transición al sistema democrático hasta la actualidad dificultaron su consolidación.
El artículo 178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece la independencia del Órgano Judicial frente al Ejecutivo, Legislativo y Electoral. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) reconocen la independencia e imparcialidad judicial como un derecho fundamental y un elemento esencial de la democracia representativa.
Estos postulados de la legislación nacional y tratados internacionales, de los cuales Bolivia es signataria, están lejos de cumplirse; son una utopía en la actual coyuntura política y social que vive el país. El problema es recurrente. El caso consorcio, proceso que involucra a un ex Ministro de Justicia, a un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente y a una ex vocal del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz, y a un juez provincial, es un ejemplo claro del tema que nos preocupa.
Varios países de la región tomaron en serio la independencia judicial. Ahí está el caso de la hermana República del Perú, cuyo sistema se caracteriza por su autonomía; no por algo tiene en la cárcel a tres expresidentes: Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, acusados por delitos de lavado de activos, corrupción y autogolpe de Estado. También corrió la misma suerte el ya fallecido Alberto Fujimori, por violación a derechos humanos.
Ni qué decir en la República Argentina, que tiene un sistema judicial dual, con tribunales federales y provinciales; condenó en 2022 a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta sentencia se registró cuando se encontraba en el ejercicio de sus funciones. En la actualidad, su condena fue ratificada. Estas acciones están lejos de aplicarse en Bolivia.
El tema de la distribución del poder, que evite concentrar en una sola persona o institución, tal como postula la teoría de la separación de poderes del filósofo francés Montesquieu, es de vital importancia para el sistema institucional del país, porque se interrelaciona con la actividad económica, política y social. Tiene relación con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. En ese sentido, es crucial propiciar reformas estructurales en el sistema judicial que contemplen una mayor participación ciudadana, un compromiso firme con la ética, mejoren la transparencia y promuevan una cultura de respeto a la ley y a los derechos humanos.
En esta etapa electoral se escucharon sendas declaraciones de los candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la independencia judicial. Las propuestas van desde reformas parciales a la Constitución Política del Estado, orientadas a la independencia de los órganos de poder; acciones para garantizar una justicia independiente, oportuna y transparente; autonomía funcional del Órgano Judicial; la no injerencia del gobierno; la elección de autoridades judiciales a través de la meritocracia y no del voto directo; hasta impulsar una nueva carrera judicial basada en mérito, ética profesional y evaluación continua.
Sin duda, la independencia del Órgano Judicial es una asignatura pendiente para el próximo gobierno que asumirá el mando el 8 de noviembre. Ojalá que el candidato que resulte ganador de las elecciones generales asuma esta tarea titánica y dé certezas al electorado. ¿Será posible la construcción del Estado sin injerencia política en el sistema judicial? ¿Los candidatos estarán a la altura de atender la demanda histórica de la población boliviana para cumplir y concretar la tan mentada independencia judicial?