El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo el proceso ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por la «Masacre de Porvenir» y derivó el caso a la Fiscalía para el inicio de un juicio de responsabilidades, según informó el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega.
En el marco del Bicentenario de Bolivia (1825-2025), el TSJ emitió esta determinación bajo el argumento de que se vulneró el debido proceso pues, al ser juzgado por la vía ordinaria, no se respetó el debido fuero de Fernández como exautoridad departamental.
“Se dispuso la nulidad de todo el proceso, ordenando que se remitan antecedentes ante el Ministerio Público para que se inicie el trámite de juicio de responsabilidades. (…) La jurisdicción ordinaria nunca tuvo competencia para procesar a Leopoldo Fernández, ya que el hecho imputado data de 2008, cuando él aún ostentaba el cargo de prefecto”, afirmó Ortega al diario sucrense Correo del Sur.
Ortega explicó que el fallo se sustenta en la aplicación de la Sentencia Constitucional 405/2023‑S4, la cual establece la obligatoriedad de enjuiciar a exprefectos mediante juicio de responsabilidades cuando presuntamente hubieran cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones. “Aplicamos el principio de igualdad y concluimos que se vulneró la garantía del juez natural”, agregó el magistrado.
La Fiscalía y la defensa de las víctimas habían argumentado que el delito de homicidio no estaba contemplado como delito en ejercicio de funciones, lo que fue rebatido por el magistrado. Con este fallo, prevalecen los preceptos de la Ley 2445, normativa que, si bien ya fue abrogada, era aplicable en este caso, pues los hechos ocurrieron hace 17 años.
EL HECHO
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2008, cuando una marcha de campesinos y normalistas fue interceptada en el municipio de El Porvenir por funcionarios de la Prefectura de Pando –afines a Fernández– a 33 kilómetros de la capital, cuando aquellos se dirigían al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Cobija.
Según investigaciones de organismos internacionales, el enfrentamiento dejó un saldo de 15 personas fallecidas, entre ellos 13 campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y dos funcionarios de la Prefectura.
Fernández fue enviado a juicio junto con otras 13 personas y, en el proceso, declaró que había solicitado la intervención de las fuerzas del orden e incluso la instalación de zanjas, siempre alegando haber tenido intenciones de evitar enfrentamientos; sin embargo, el gobierno de Evo Morales lo responsabilizó y señaló de haber planificado los hechos luctuosos, denominados como la “masacre de Porvenir”.
En marzo de 2017, Fernández fue condenado a 15 años de prisión por homicidio, sentencia que fue recurrida por su defensa argumentando vicios procesales y violaciones al debido proceso. Tras más de una década en detención preventiva (2008‑2013) y luego en arresto domiciliario, el exprefecto recuperó su libertad absoluta en noviembre de 2019.