Los candidatos presidenciales en Bolivia han expresado su valoración por la empresa privada en el contexto de las próximas elecciones generales del país.
En días pasados, la Federación de Empresarios Privados de La Paz, realizó el Ciclo de Conversatorios con candidatos presidenciales, contando con la participación de Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez. Todos ellos llegaron al consenso de que son requeridos ajustes profundos en leyes como las laborales, las de hidrocarburos y de la minería, además de normas e incentivos para hacer de Bolivia un lugar atractivo para la inversión privada.
El debate de los candidatos señalados con los empresarios paceños permitió mostrar una apertura del sector político, que es un punto de inflexión en el debate económico nacional, en el cual los cuatro principales candidatos a la presidencia coincidieron con los empresarios en propuestas como:
– Una progresiva suspensión de la subvención a los hidrocarburos, que permita poner en funcionamiento la maquinaria productiva, ahora paralizada.
– Hacer los esfuerzos necesarios para formalizar la economía, como actualizar la normativa laboral y tributaria, y facilitar la incorporación de millones de trabajadores, que ahora carecen de contratos, seguridad social y aportes al Estado.
– Poner en práctica los acuerdos con la OIT, para la definición de políticas e incrementos salariales, mediante una negociación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios.
– Revisión de la política del salario mínimo, permitiendo adecuar su aprobación a la realidad productiva, y así evitar que algunas actividades productivas se cierren por los efectos negativos del salario mínimo en el empleo.
– Mayor flexibilidad laboral, permitiendo el trabajo por hora, que facilitaría la formalización en sectores con jornadas laborales variables.
Para encarar la falta de divisas y reforzar las RIN, se habló de recurrir al FMI, además de unos 2.600 millones de dólares de proyectos no ejecutados.
Respecto a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), actual motor de la generación del empleo en el país, hay el compromiso de los candidatos a la presidencia para integrarlas a los gremios empresariales y así facilitar su acceso a beneficios y regulaciones claras; incorporarlas al sistema tributario formal, para que contribuyan al financiamiento del Estado; y crear las condiciones para su innovación constante en economía circular y economía del talento, impulsando su participación en nuevos modelos productivos sostenibles y tecnológicos.
Hace dos décadas que el sector petrolero del país no recibe ningún tipo de inversión privada. Esto fue la consecuencia, entre otros factores, de que se instrumentó un alto “Government take”, aún vigente ahora, por el cual el 90% de las ganancias petroleras son otorgadas al Estado, dejando el saldo del 10% para la empresa petrolera.
Por otra parte, la Cepal recordaba que entre 2010-2019 Bolivia sólo recibió una Inversión Extranjera Directa de 665 millones de dólares. En 2021 se registró una desinversión mínima de -1 millón, pero en 2021 subió a 584 millones, en 2022 la cifra cayó a 6 millones, en 2023 nuevamente se elevó y llegó a 240 millones y en 2024 ascendió a 247 millones.
Para revertir esta situación, quienes asuman la responsabilidad del gobierno, luego de las elecciones generales de agosto próximo, deberán garantizar la seguridad jurídica a largo plazo, una condición indispensable para generar confianza y estabilidad en los inversionistas. Para ello, se deberá promover la apertura constitucional al libre emprendimiento y facilitar reformas estructurales, ampliando de esta manera el rol y la presencia del sector privado en la economía. De manera complementaria, también se tendrá que liberar las exportaciones de sectores estratégicos para generar divisas, especialmente en el agro y la minería.
También, se tendrá que modificar la Ley de Hidrocarburos para que permita atraer la necesaria inversión extranjera para el sector petrolero, reduciendo la carga fiscal actual, del 90% para el Estado; y en el sector minero, se tendrá que recuperar el espíritu de la antigua Ley de Minería, y así permitir la reactivación de esta actividad y aprovechar el gran potencial minero nacional.
Como he reiterado en muchas oportunidades en mis artículos de fin de semana, el sector privado, junto a los trabajadores y el gobierno, son los pilares para el desarrollo económico nacional. Solo trabajando juntos y de manera coordinada podremos asegurar que el país genere la riqueza y el empleo necesarios para seguir creciendo.
El autor es economista, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).