La inclusión de la tipificación específica del delito de Estafa Piramidal Cibernética en el Código Penal boliviano es una necesidad urgente. Este tipo de delito ha crecido exponencialmente con el avance tecnológico y la expansión del uso de plataformas digitales en Bolivia. No es una novedad que las tecnologías de la información y la comunicación han “facilitado” nuevas formas de criminalidad, como la Estafa Piramidal Cibernética, que acentúan su gravedad por su impacto económico y social.
La importancia de tipificar este delito radica en que son captados fondos a través de esquemas fraudulentos en línea, donde los beneficios son obtenidos principalmente al atraer nuevos participantes, en lugar de emprender una verdadera actividad económica real o productiva.
Este tipo de estafas, en un primer momento, explotan la confianza y la ingenuidad de las víctimas, quienes son inducidas a invertir con promesas de altos rendimientos, las que son pagadas con el dinero de nuevos integrantes. Este esquema es insostenible en el tiempo y eventualmente colapsa, dejando pérdidas millonarias a las víctimas.
En Bolivia, casos como el de la aplicación Ishop han evidenciado la magnitud del problema, afectando a más de 3 mil personas y causando cuantiosas pérdidas económicas a familias. Esta forma de delito no solo daña el patrimonio individual, sino que también genera desconfianza en el sistema financiero y en las plataformas digitales, afectando la estabilidad económica y social del país.
Actualmente, el Código Penal boliviano contempla el delito de estafa en términos generales en su artículo 335, pero no aborda las particularidades de las estafas piramidales digitales. Esta situación genera vacío legal que dificulta la persecución y sanción efectiva de estos delitos. La ausencia de una tipificación específica limita la capacidad de las autoridades para actuar con rapidez y contundencia.
La tipificación expresa de la estafa piramidal cibernética, generaría efectos como el reconocimiento de la modalidad delictiva que utiliza tecnologías digitales para defraudar; la simplificación de la investigación y persecución penal, adaptando los elementos del delito al entorno digital; la protección del patrimonio individual en la economía digital. Además, la prevención y disuasión del delito mediante sanciones claras y adecuadas, puede consolidarse.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido regulaciones para prohibir las estafas piramidales clásicas. Sin embargo, la ciberdelincuencia requiere un marco legal actualizado que contemple delitos informáticos ya tipificados en los artículos 363 bis y 363 ter del Código Penal.
Un ejemplo reciente es una plataforma que operaba en Latinoamérica, con promesas de altos rendimientos a cambio de inversiones y atracción de nuevos participantes, que finalmente dejó a más de 2 mil víctimas afectadas en Bolivia. La dificultad para rastrear a los creadores de estas plataformas –a menudo ubicados fuera del país–, sin duda, complica la acción judicial y la recuperación de activos.
La tipificación del delito de estafa piramidal cibernética en el Código Penal boliviano es esencial y necesaria para cerrar vacíos legales y responder eficazmente a esta amenaza creciente. La autoridad debe contar con un marco legal claro y herramientas técnicas para investigar y sancionar estos delitos, protegiendo el patrimonio y la confianza de los ciudadanos en el entorno digital.
La crisis económica actual incrementa la urgencia de esta medida, la población vulnerable es blanco fácil de estos esquemas fraudulentos. La actualización normativa, capacitación de autoridades, cooperación internacional y educación ciudadana son pilares indispensables para enfrentar esta forma de ciberdelincuencia y asegurar la estabilidad económica y social del país.
Creemos que con un esfuerzo conjunto y una legislación adecuada se protegerá a la sociedad boliviana de las devastadoras consecuencias que rodean a las estafas piramidales cibernéticas.
La autora es abogada.