El secretario general de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, dio un plazo de 24 horas al Gobierno para retirar el anteproyecto de ley que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, por considerar que criminaliza exclusivamente a los conductores. Advirtió que el sector se declara en emergencia y que, de no atenderse su demanda, se tomarán medidas de presión.
Tarqui cuestionó que se pretenda imponer penas de hasta 10 años de prisión a choferes cuando el país atraviesa una crisis por la escasez de combustible, el mal estado de las carreteras y la falta de condiciones adecuadas para circular.
Recordó que ya se pagan seguros como el SOAT y que los accidentes también responden a causas estructurales, no solo a fallas humanas.
El pronunciamiento surge luego de que el gabinete ministerial aprobara un anteproyecto para endurecer penas por accidentes de tránsito, en especial aquellos provocados bajo el efecto del alcohol o drogas.
La iniciativa responde al aumento del 15% en muertes por accidentes, según el Gobierno, y ya fue enviada a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.