Presentaron denuncias penales por delito de explotación ilegal de recursos minerales

La Dirección Regional Tupiza – Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el primer semestre de la presente gestión, presentó cinco denuncias penales por el delito de explotación ilegal de recursos minerales previsto en el artículo 232 del Código Penal, ante el Ministerio Público del departamento de Potosí, producto de inspecciones in situ realizadas en los municipios Cotagaita, Villazón, Uyuni y Tupiza.
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso x) del artículo 40 de la Ley N° 535, la Dirección Regional Tupiza – Tarija, en la presente gestión formalizó denuncias penales ante las fiscalías especializadas de los municipios de Villazón, Cotagaita, Uyuni y Tupiza, luego de que el personal técnico verificara la explotación ilegal de recursos minerales a cielo abierto, apertura de zanjas, campamentos, maquinaria pesada y la presencia de personas ejecutando estas actividades en áreas que no cuentan con derecho minero que autorice la realización de actividad minera, señala un boletín de prensa de la entidad estatal.
Destacan las denuncias formalizadas por inspecciones realizadas en el área restringida de la Cuenca de Estarca ubicada en el municipio de Tupiza, y en el área inmovilizada por el Decreto Supremo N° 2311, en esta última se constató explotación minera subterránea con apertura de bocaminas, chimeneas y siete personas ejecutando estas actividades ilegales, las cuales fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente.
Con esas acciones, la AJAM reafirma su compromiso con la defensa de los recursos naturales del país y continúa realizando operativos de fiscalización en coordinación con el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones legales. A través de sus Direcciones Regionales y Desconcentradas, la institución promueve acciones concretas para combatir esta actividad ilícita que afecta al medio ambiente y al patrimonio del Estado boliviano, según la nota.
Sin embargo, en el norte paceño las denuncias por explotación minera ilegal, así como por destrucción del medioambiente continúan, y el desplazamiento de poblaciones indígenas, que esperan se ponga fin a estas acciones por parte de cooperativistas y empresas extranjeras, de acuerdo con la denuncia de pobladores y medios de comunicación.