Tras tres días de enfrentamientos entre grupos “evistas” y fuerzas del norte en el norte de Potosí, el experto en seguridad y defensa, Jorge Santisteban, en entrevista con EL DIARIO, advirtió que el Gobierno evade su responsabilidad por las cinco muertes confirmadas y deja expuestos a policías y militares, sin condiciones técnicas ni materiales adecuadas, frente a grupos terroristas cuya operación incesante solo puede financiarse —en su criterio— por el narcotráfico y el crimen organizado.
Según el experto, “hay negligencia, improvisación y mucha pasividad” por parte de las autoridades, dado que las unidades enviadas a Llallagua —en calidad de “desbloqueadores” y no así con la misión de dirimir ni controlar la incesante violencia— “no están debidamente equipadas, apoyadas con logística y enfrentan muchas dificultades técnicas y materiales para poder controlar el área de conflicto ni tienen autorización para hacer uso de sus armas de fuego, ni siquiera de manera proporcional”.
En este sentido, Santisteban lamentó que exista una agenda de gobierno débil y sin capacidad logística para reforzar al personal militar y policial, en contraste con un sector insurrecto “evista” que no solo capitaliza la crisis económica para arremeter con violencia, sino que goza de superioridad material y táctica, con lo que puede asesinar policías, bloquear las carreteras, sabotear comercios locales y estaciones policiales e incluso dejar a la población sin servicios básicos.
“El Gobierno no quiere responsabilizarse de las muertes que puedan ocasionar los militares; entonces, los está exponiendo de manera de que eso no le complique situaciones políticas porque, al final de cuentas, el político manda a los militares (…) Ahora nuevamente los exponen, pero los exponen sin armas precisamente para que sean blanco directo de los delincuentes subversivos armados que están operando con francotiradores”, señaló.
Santisteban recordó que, precisamente por órdenes de índole política, existen actualmente casi cien militares detenidos y procesados —principalmente en el penal de San Pedro— en relación a hechos pasados motivados por intereses políticos, como el movimiento militar del 26 de junio de 2024, el cual fue calificado por el Gobierno como un supuesto intento de golpe de Estado orquestado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
Asimismo, advirtió que el movimiento de insurrección “evista” en realidad no busca la inscripción de su candidato, sino derrocar al gobierno de Luis Arce y apoderarse del poder para instaurar reglas democráticas que los favorezcan. El experto señaló la importancia de que el Gobierno recupere los espacios perdidos y permita el uso de armas de fuego en respuesta proporcional a las agresiones.
Respecto al financiamiento de estos sectores por parte del narcotráfico y el crimen organizado, Santisteban afirmó con contundencia que la permanente actividad violenta en la región no puede explicarse de otra forma: “Los narcotraficantes no quieren perder el poder (…) Todos (bloqueadores, marchistas y grupos terroristas en Llallagua) están vinculados con dinero del narcotráfico y vinculados a organizaciones criminales”.
El experto manifestó que las ingentes fortunas de clanes familiares, cárteles y organizaciones criminales poderosas que operan en el Chapare, serían las que financian diariamente las movilizaciones vistas en las calles y las carreteras. “El único dinero que puede movilizar por día y permanentemente (a estos grupos), además de darles un pago de 12 horas por día, es el narcotráfico”, manifestó a EL DIARIO.