El Tribunal Supremo estadounidense aceptó ayer la petición del gobierno de Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido por la anterior Administración de Joe Biden a 532.000 personas migrantes, procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
En marzo, la Administración Trump anunció el fin de este programa especial instituido bajo el mandato de Biden que permitía a nacionales de los cuatro países mencionados residir en Estados Unidos durante dos años debido a la situación de los derechos humanos en sus respectivos países.
Sin embargo, un juez federal de Boston suspendió esa decisión el 14 de abril y dictaminó que el Gobierno había interpretado de manera errónea la ley al aplicar a los inmigrantes protegidos por programas gubernamentales un procedimiento de deportación acelerada destinado a los extranjeros que habían entrado ilegalmente en el país.
Ahora, la decisión del Supremo abre la puerta a la expulsión de EEUU de más de medio millón de personas que en su día entraron al país de manera legal tras solicitar su incorporación al programa.
SEGUNDA VICTORIA
JUDICIAL
La decisión del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, es provisional mientras un tribunal de apelación se pronuncia sobre el fondo del asunto. La máxima corte estadounidense concedió la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
Según un documento del Supremo, estas juezas se mostraron en desacuerdo y advirtieron de las “consecuencias devastadoras” de interrumpir “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”. Jackson aseguró que el tribunal “ha hecho una chapuza con su dictamen”.
Por ahora, la medida supone la segunda victoria judicial para Trump en materia migratoria en este mes, ya que esta corte ya había avalado la eliminación del estatus de protección dirigido de manera específica a venezolanos. Desde su llegada a la Casa Blanca, el mandatario, que prometió mano dura en este ámbito, abogó por limitar este tipo de beneficios, así como por agilizar las deportaciones.
El TPS es un programa humanitario que protege temporalmente de la deportación y otorga permisos de trabajo a personas provenientes de países en crisis. El llamado también “parole humanitario” fue ampliado en enero de 2023 por Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México. (RTVE.es)