Cerca de 688 testigos de cargo fueron retirados por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado (PGE), del proceso de juicio oral por la denominada “masacre de Senkata”, por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, según informó la abogada, Giomar Ávila, defensa de uno de los acusados.
Ávila informó a Visor 21 que, durante la audiencia más reciente, “el Sepdavi ha decidido retirar sus testigos de cargo, pues ya había presentado 13 testigos y luego, sin justificar el por qué, los retiró”.
Por su parte, la Fiscalía también redujo el número de sus testigos de cargo de 430 a 29, argumentando que no se logró ubicar a los restantes debido a que se desconoce la dirección de sus domicilios. En tanto, la PGE se abstuvo de presentar testigos, mientras que actualmente son convocados los del Ministerio de Gobierno.
Dado que varios de los testigos son militares y policías cuyas direcciones están registradas en las bases de datos oficiales de la Policía Boliviana y el Comando General de las Fuerzas Armadas, Ávila advirtió que esto responde a un intento por acelerar el proceso.
INSOSTENIBLE
Para Ávila, la intención de los fiscales y acusadores es acortar el tiempo del juicio para lograr una condena como sea, sin fundamentos”. Añadió que ni la prueba documental ni la testifical sostienen la acusación por el delito de genocidio y estima que el tribunal solo aceptó el 30% de la prueba documental presentada, tras demorar casi cuatro meses en revisarla.
Durante las audiencias, que se desarrollan de forma virtual entre lunes y miércoles, denunció además un supuesto direccionamiento de testimonio de uno de los testigos, tras descubrirse que rendía su versión desde las oficinas del Sepdavi a cargo de algunos funcionarios.
Esta presunta irregularidad derivó en la suspensión de la declaración, según la jurista, por la evidente influencia que se ejercía sobre el testigo.
EL CASO
El proceso judicial se originó con la acusación formal presentada el 23 de octubre de 2023 por el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en contra de 18 exautoridades, entre ellas la expresidenta, Jeanine Añez, por el presunto delito de genocidio.
Los acusados son procesados por los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en inmediaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, ciudad de El Alto, donde diez personas fallecieron por impactos de arma de fuego y otras resultaron heridas durante una intervención militar y policial, tras una serie de protestas y bloqueos instalados a raíz de la crisis poselectoral de ese año.