Ante el peligro de que acciones judiciales obstaculicen y terminen perjudicando totalmente al actual proceso electoral, legisladores piden a las cabezas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dejar de lado las campañas políticas y asegurar la realización de los comicios generales programados para el próximo 17 de agosto.
Tras confirmarse la presentación de varios recursos judiciales que amenazan la continuidad del presente proceso electoral, parlamentarios cuestionan la pasividad con que las directivas de la ALP tratan el tema de los proyectos presentados ante esta instancia por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para blindar las elecciones presidenciales y garantizar su realización.
Para la diputada cochabambina Alejandra Camargo, tanto el presidente nato de la ALP como las presidencias camarales, están llamadas a garantizar el tratamiento de estos proyectos normativos a la brevedad posible, así como asumir todas las medidas a su disposición para asegurar que la población pueda acudir a las urnas para elegir a su nuevo gobierno.
“Exhortamos a David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez a que se asegure el proceso eleccionario de los bolivianos, porque se ha visto que en los últimos días se están amenazando con un montón de elementos que podrían obstaculizar y terminar afectando el presente calendario electoral”, sostuvo.
Asimismo, exhortó a los asambleístas de diferentes fuerzas políticas a dejar de lado intereses partidarios o aspiraciones personales de retornar al Parlamento en el próximo periodo constitucional, para enfocarse en asegurar la realización de los comicios generales 2025.
“Las elecciones están en riesgo porque no se ha trabajado debidamente en la aprobación de los proyectos de ley presentados por el Órgano Electoral para garantizar estos comicios”, aseguró Camargo.
Según la legisladora de oposición, es responsabilidad directa de oficialismo y oposición allanar el camino para la realización de las elecciones 2025, por lo que resulta lamentable que la campaña política sea prioridad por sobre el derecho de los bolivianos a elegir sus nuevos gobernantes.
“Es lamentable que parlamentarios no estén cumpliendo con su trabajo y prioricen una campaña política cuando no han podido garantizar la estabilidad de los bolivianos hasta el día de hoy”, dijo.
Al respecto, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, recordó que el proyecto de ley para garantizar el principio de preclusión en procesos electorales fue aprobado por la Cámara Baja, sin embargo, dicha normativa permanece estancada en el Senado.
“Exigimos al señor Andrónico Rodríguez que viabilice y allane la posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley en esta semana”, expresó el legislador, demandando al TSE no asumir simplemente una posición defensiva ante la actual “arremetida judicial”, sino demostrar que existe confianza en que ninguna acción judicial impedirá a los bolivianos votar el próximo 17 de agosto.
Esta semana, el vocal del Tribunal Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, confirmó que existen al menos 10 acciones legales contra organizaciones políticas y el propio TSE, con potencial de afectar el presente proceso electoral.
Legisladores como el paceño Alberto Astorga aseguraron que la actual “judicialización” del proceso electoral se hubiera evitado con una oportuna aprobación de la “Ley de Preclusión”, presentada por el TSE al Parlamento.
“Si en la Asamblea Legislativa se hubiese aprobado la ley de preclusión, nada de esto hubiera pasado y no se pondría en riesgo las elecciones nacionales, provocando un daño a la democracia”, lamentó.
Contra judicialización de la política
Piden dejar campañas y asegurar proceso electoral
> Cuestionan la pasividad con que directivas de la ALP tratan el tema de los proyectos presentados por el Órgano Electoral Plurinacional, para blindar las elecciones presidenciales. > Exhortan a asambleístas de diferentes fuerzas políticas a dejar de lado intereses partidarios o aspiraciones personales de retornar al Parlamento. > Califican como “lamentable” que la campaña política sea prioridad por sobre el derecho de los bolivianos a elegir sus nuevos gobernantes.
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