La minería formal y la minería artesanal o informal se han visto afectadas económicamente con millonarias pérdidas para sus sectores, el país y la población, debido a la suspensión de toda actividad minera, decretada por el Gobierno por 30 días como una medida improvisada y de urgencia en la lucha contra la criminalidad.
Al reciente pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), a través de su presidenta, Julia Torrealba, para que el Ejecutivo dé marcha atrás con esta restricción, se suma ahora el del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños. En comunicación con Perú21, demandó a la presidenta Dina Boluarte dejar sin efecto dicha medida.
“Si para el Gobierno central le es incómodo que la población haga minería artesanal, tiene que generar algo alternativo. Tiene que decir: ‘No te dediques a la minería artesanal, pero dedícate a esto’”, señaló.
Según Mariños, la suspensión de la minería en los distritos liberteños de Pataz, Parcoy y Tayabamba generó pérdidas por 90 millones de dólares al sector artesanal o informal, y dejó sin empleo a 12.000 personas. A ello se suma el impacto negativo en el comercio y la agricultura.
El alcalde también anunció que deja sin efecto su anunciada marcha a Lima y precisó que esta semana viajará a la capital para reunirse con el premier, Gustavo Adrianzén, con el objetivo de exigir que se levante tanto la medida como el toque de queda.
GOLPE A FORMALES
Por otro lado, según la Snmpe, la suspensión también afecta al país porque deja sin empleo a 4.000 trabajadores, entre directos e indirectos, y representa pérdidas para el Estado de 25 millones de soles mensuales por concepto de canon y regalías, además de más de 80 millones de dólares al mes en divisas.
“Mi crítica va de que no existe un plan de cómo luchar frontalmente contra la criminalidad (en Pataz)”, sostuvo a Perú21 el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.
La minería ilegal movería 12.000 millones de dólares este año. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló a Perú21 que el incremento, según el IPE, se debe al aumento de la onza del oro, que está en 3.500 dólares. “Esto supera a todo el presupuesto que se destina al Ministerio del Interior”, advirtió.