Durante el último trienio (entre 2022 y 2024), se llegó a registrar 2.426 vulneraciones a libertades fundamentales, la defensa de derechos y la institucionalidad democrática en Bolivia, revelando un creciente debilitamiento de esta última sobre todo en el segundo semestre de cada año, según un análisis del Observatorio de Defensores de Derechos de la red Unitas.
De este total, la mayor cantidad de casos (un 46%) —prácticamente la mitad— fueron vulneraciones a la institucionalidad democrática, mientras que en segundo lugar se posicionan violaciones a la libertad de prensa (20%), develando también un incremento de la criminalización hacia el trabajo periodístico, considerado un elemento crucial del modelo democrático.
Paralelamente, un último reporte sobre el estado de la libertad de prensa a nivel mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierte un “nivel crítico sin precedentes” en el ejercicio periodístico a nivel mundial tras revelarse que, por primera vez en su historia, más de la mitad de todos los países observados cayeron al umbral que sitúa el libre ejercicio de esta libertad en condiciones “difíciles” dentro de su territorio. En esta clasificación, Bolivia figura en el puesto 93 entre 180.
“En los últimos tres años, se ha registrado un total de 2.426 vulneraciones a las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática, siendo ésta última la de mayor cantidad de casos con el 46%, frente a la libertad de prensa (20%) y la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta (15%)”, señala el último estudio de Unitas, el cual reveló un total de 915 casos de vulneraciones a libertades de diversa índole en el año 2024.
El informe resalta que esta defenestración de la democracia boliviana se evidencia principalmente en “la fragilidad de las instituciones del Estado, el incumplimiento a las normas, los reiterados casos de corrupción de máximas autoridades ejecutivas en los distintos niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal)”, según constatan los resultados obtenidos. Se advierte una mayor incidencia de casos entre los meses de julio y noviembre, que corresponden al segundo semestre del año, pues son periodos de mayor conflictividad.
Asimismo, el monitoreo de casos en 2024 revela un fenómeno que ya es bastante conocido: un considerable aumento de manifestaciones en contra de problemas como el incremento del precio de la canasta familiar, la escasez de dólares y conflictos políticos, particularmente relacionados con una posible habilitación del expresidente, Evo Morales, como candidato para las elecciones generales de agosto de 2025.
Considerando que los periodistas son defensores de derechos humanos, “no deja de preocupar el nivel de casos que atentan en contra de la libertad de prensa, a instancias de un mayor grado de violencia hacia éstos en las coberturas de eventos públicos y manifestaciones sociales”, agrega Unitas.
El estudio advierte que, en los últimos tres años, los registros de violaciones a la libertad de prensa han colocado a este derecho en el podio de los más vulnerados, situando al gremio de los trabajadores de la prensa en una situación de alta vulnerabilidad, debido a la falta de garantías para su trabajo por parte del Estado.
Entre las entidades responsables de estas vulneraciones, la Policía Boliviana se sitúa como la institución con más registros en su haber —212 casos (23% del total)— principalmente hechos o declaraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática, así como las libertades de reunión y protesta. A las fuerzas del orden le siguen autoridades del Gobierno central (20%) y del Órgano Ejecutivo (7%), seguidas por representantes legislativos nacionales (7%) y otras.
El informe resalta también que hay “personas o grupos de personas particulares que han provocado atentados en contra de las libertades fundamentales y derechos monitoreados, evidenciando omisiones o una postura de aquiescencia del Estado frente a sus acciones”.
Como ejemplo de estos casos, se menciona los casos de acoso político hacia mujeres concejales suplentes, quienes son obligadas a renunciar a sus curules para cumplir con los denominados acuerdos de gestión compartida. Otros ejemplos son las agresiones a periodistas por parte de personas que actúan individualmente o en grupo durante coberturas de situaciones de conflictividad social y movilizaciones, como en los casos de Parotani y Puente Ichilo, en Cochabamba.
Entre sus recomendaciones sobre la institucionalidad democrática, el informe sugiere al Estado garantizar un proceso transparente de elecciones judiciales y legislativas sin injerencia política, implementar mecanismos efectivos de acceso a la información, garantizar la autonomía e imparcialidad de los órganos con medidas legales claras, prohibir la exhibición de personas acusadas sin sentencia para evitar la criminalización mediática y garantizar que la sociedad civil pueda participar en la observación de procesos legislativos y judiciales.
En tanto, Unitas recomienda a la sociedad civil fortalecer las redes de observación ciudadana sobre el estado de Derecho, promoviendo una participación activa en el seguimiento a procesos democráticos; promover estrategias de incidencia ante la comunidad internacional, para garantizar la independencia de poderes y la transparencia del Gobierno; y capacitar a defensores de derechos humanos y mujeres en la política en el uso efectivo de mecanismos de protección y denuncia frente a estas vulneraciones.
LIBERTAD DE PRENSA
Por primera vez en su historia, la situación de la libertad de prensa a nivel mundial también enfrenta situaciones complejas que ponen en vilo su independencia pues, en más de la mitad del mundo, las condiciones para el ejercicio del periodismo son catalogadas entre “difíciles” y “muy difíciles”, según los últimos datos de RSF publicados la semana pasada.
Esta clasificación global revela que, este año, el deterioro de la libertad de prensa alcanzó un nuevo récord, pues la puntación promedio de todos los países cayó por debajo de los 55 puntos, cifra límite para calificar la situación del trabajo periodístico como “difícil” para RSF, entidad que advierte “un nivel crítico sin precedentes” en esta situación.
Entre los aspectos más visibles de esta problemática mundial, figuran las agresiones físicas hacia los periodistas y las insidiosas presiones económicas hacia los medios, lo que está produciendo cierres masivos y constantes en varios países, mayor hegemonía de las plataformas digitales frente a los medios tradicionales y una mayor concentración de estas voces por parte del Estado, lo que erosiona la democracia.
RSF advierte también que, a nivel mundial, las condiciones económicas son un factor que debilita profundamente a los medios de comunicación, una realidad que en América Latina no es la excepción, pues 22 de los 28 países de la región registraron un descenso en su indicador económico. Observan que en países como Nicaragua (puesto 172) o México (puesto 124), la libertad de prensa prácticamente ha sido erradicada.
En tal sentido, el estudio concluye que, a escala mundial, “los medios de comunicación se encuentran actualmente atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera”.
Con Bolivia ocupando el puesto 93 entre 180 países del mundo en libertad de prensa, se resalta que el país escaló 23 lugares en 2025 respecto a los resultados presentados en 2024, cuando fue posicionada en el puesto 124. Regionalmente, Bolivia se sitúa en mejor situación que Ecuador (puesto 94), Colombia (115), Perú (130) y Venezuela (160), mientras que queda por debajo de Uruguay (59), Brasil (63), Chile (69), Paraguay (84) y Argentina (87).
Coincidentemente, el informe de Unitas sobre vulneraciones a la institucionalidad democrática y libertades fundamentales en 2024 registró 150 casos de violaciones a la libertad de prensa en la misma gestión, una cifra similar a la reportada por la ANPB que sin duda ilustra el estado de alta vulnerabilidad y falta de garantías en el que el periodismo boliviano desempeña su labor.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) registró 182 vulneraciones a la libertad de prensa en 2024, entre las que se reportó agresiones físicas y psicológicas, despojo de equipos, además de hostigamiento y amenazas, negación de acceso a la información, violación del secreto de fuente, judicialización e incluso criminalización del trabajo periodístico.
Ante estos datos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), representante de los principales periódicos independientes de Bolivia, advirtió un estado de “alta fragilidad financiera” en su gremio, producto de casi dos décadas de asfixia económica y persecución tributaria por parte del Estado, ratificando su compromiso con la verdad, la democracia y la participación ciudadana.
“Los diarios independientes, a diferencia de medios que fueron ampliamente favorecidos durante los gobiernos de izquierda con una asignación millonaria y permanente de publicidad, hacemos un acto de renovado compromiso por la defensa del trabajo periodístico y la búsqueda incansable de la verdad”, señala un pronunciamiento de la ANP publicado ayer en rememoración al Día Mundial de la Libertad de Prensa.