Los datos de un reciente estudio reflejan un alarmante patrón de comportamiento de vulneración de libertades fundamentales por parte del Estado y responden a un modelo extractivista que tiene como fin erosionar la institucionalidad democrática, indicó el experto en derechos humanos, Franco Albarracín.
El miércoles, el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) presentó su “Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia – 2024” con la participación de la directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla, la presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, Patricia Flores, y el connotado analista como panelistas.
El Observatorio registró nada menos que 915 violaciones a las libertades fundamentales y la institucionalidad en la pasada gestión, sobre todo cometidas desde autoridades de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) e instituciones gubernamentales de todos los niveles, además de la Policía Boliviana, institución que lleva el primer lugar en la tabla de entidades responsables, con 212 casos.
Los invitados coincidieron en la presencia un preocupante debilitamiento de la institucionalidad democrática en Bolivia, mientras que, desde el Estado, se advierte un patrón de comportamiento de vulneraciones a derechos humanos y libertades fundamentales como la de prensa, la libre expresión, así como la libre reunión y protesta.
Según Albarracín, los 915 casos de vulneraciones registrados en 2024 dejan vislumbrar un “patrón de Estado funcional a un modelo extractivista que busca principalmente erosionar la democracia y los Derechos Humanos para beneficiar” a otros sectores afines al poder.
“Este Estado funcional busca erosionar el derecho a defender los derechos humanos, busca privilegiar y comprar jueces, fiscales, justamente para responder a intereses que no son estrictamente aquellos que representan lo que establece la Constitución Política del Estado o tratados internacionales, sino intereses de sectores, en este caso, relacionados con empresas estatales, con la explotación e intereses extranjeros”, agregó.
El informe encontró también un incremento inusual de casos de criminalización contra personas civiles, periodistas y activistas defensores de derechos, situación que Albarracín explicó como parte del “patrón de impunidad y normalización” de las violaciones de derechos humanos, lamentando que en Bolivia se haya hecho frecuente el acoso político a autoridades y el hostigamiento.
Asimismo, enfatizó la necesidad de reflexionar sobre cómo el sistema judicial boliviano opera en beneficio de intereses sectoriales privilegiados en desmedro de la democracia y los derechos humanos, a través del control de entidades descentralizadas como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Instituto de Reforma Agraria (INRA).
“Todo el sistema estatal funcional controla el Órgano Judicial, el Ministerio Público y las entidades descentralizadas como el Sernap, el Ministerio de Minería o el INRA, justamente para reducir la institucionalidad y atacar a defensores de DDHH para beneficiar a sectores privilegiados: cooperativistas mineros, empresas mineras y también empresas chinas”, apuntó el panelista.
LIBERTAD MÁS VULNERADA
El informe de Unitas señala que, entre los tipos de libertades fundamentales vulneradas, la que registró más casos fue la libertad de prensa, con 150 hechos contabilizados el año pasado (17%). Los datos revelan como mayores tendencias la creciente violencia y criminalización hacia periodistas, una precarización estructural del gremio y la ausencia de mecanismos de protección para su trabajo, donde campea la impunidad.
Al respecto, Flores advirtió un escenario “desalentador” ante las alarmantes cifras presentadas por la red Unitas, donde la libertad de prensa es “la más vulnerada de las libertades” monitoreadas en su último informe, mismo que registró 42 casos de agresión física y psicológica a periodistas, 30 casos de impedimento de acceso a la información, 30 casos de amenaza o amedrentamiento y 11 casos de criminalización de periodistas.
Según Flores, los trabajadores de la prensa en Bolivia ejercen sus labores entre alarmantes “márgenes de indefensión y desprotección”, coincidiendo con Albarracín en que el deterioro de estas libertades y derechos responden a un modelo de comportamiento del Estado que hace caso omiso a recomendaciones de organismos internacionales.
Como ejemplo para ilustrar el nivel de vulnerabilidad laboral que enfrentan sus colegas mujeres, la representante del gremio periodístico denunció hechos de violencia que “no se dan ni en situación de guerra” donde no se respetan mínimos márgenes de garantías para el trabajo periodístico.
“Las que llevan la peor parte sin duda son las mujeres. Tenemos testimonios enormemente desgarradores de que ciudadanos que están bloqueando agarran a una compañera en situación de conflicto y, con enorme brutalidad verbal y física, la obligan a borrar todo lo que ha registrado”, relató Flores.