En un país donde casi la mitad de los adolescentes vive en situación de pobreza y más del 11% de las adolescentes de entre 15 y 19 años ya es madre o ha estado embarazada, el desafío de garantizar una adolescencia digna y libre de violencia se vuelve urgente. En este contexto, el Proyecto de Ley N° 144, impulsado por la diputada Bertha Acarapi, surge como una respuesta integral a estas problemáticas estructurales. La propuesta busca institucionalizar los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes (GAIE) como una estrategia clave dentro del sistema educativo boliviano.
Esta iniciativa legislativa apunta a consolidar una política pública educativa centrada en la prevención, el acompañamiento psicosocial y la promoción de derechos. Cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), en el marco de su compromiso por fortalecer los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Los GAIE no son una propuesta nueva, pero sí innovadora. Desde su implementación piloto en municipios de Chuquisaca en 2009, estos espacios han demostrado ser una herramienta eficaz para prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y relaciones de pareja violentas en el ámbito escolar. Hoy, con su implementación en La Paz y Cochabamba, se busca garantizar su funcionamiento permanente a través de una ley nacional.
La apuesta de esta propuesta legislativa es consolidar equipos interdisciplinarios en las unidades educativas que brinden atención psicoemocional, orientación en salud sexual y reproductiva, y acompañamiento en situaciones de violencia intrafamiliar o escolar. Esto implica trabajar de manera articulada con docentes, familias y comunidades, y fortalecer la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) como una herramienta formativa y preventiva.
Datos del INE y Unfpa dan cuenta que el 24% de los adolescentes en Bolivia ha sufrido violencia física por parte de sus padres, el 5% ha sido agredido por sus hermanos y el 5% ha sido forzado a mantener relaciones sexuales. Estas cifras revelan un panorama alarmante que exige respuestas concretas desde el Estado.
A esto se suma que, de cada 100 muertes maternas registradas en el país, dos corresponden a niñas menores de 14 años y 12 a adolescentes de entre 15 y 19 años. Esta realidad refleja la urgencia de intervenir no solo desde el sistema de salud, sino también desde la educación. En este sentido, los GAIE se consolidan como espacios seguros y de contención donde se puede trabajar con anticipación sobre factores de riesgo y promover decisiones informadas.
El Proyecto de Ley N° 144 también responde a una necesidad estructural del sistema educativo boliviano: contar con mecanismos institucionalizados de atención integral que no dependan exclusivamente de voluntades locales o de cooperación internacional. Al ser convertidos en una política de Estado, los GAIE podrán ser parte del presupuesto educativo, formar parte de la planificación nacional y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
El respaldo del Unfpa y Koica refuerza el carácter estratégico de esta iniciativa, al tiempo que muestra la voluntad de la cooperación internacional por acompañar procesos que pongan en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para estas organizaciones, la institucionalización de los GAIE representa un avance concreto hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo referido a salud, educación y equidad de género.
La socialización del proyecto se convirtió también en un espacio de construcción colectiva. Asambleístas, educadores, psicólogos y especialistas en políticas públicas coincidieron en la necesidad de fortalecer la propuesta desde una visión intercultural, con pertinencia territorial y enfoque de género. El objetivo común: que ningún adolescente boliviano quede sin acceso a una educación integral y a servicios de protección que le permitan proyectar un futuro digno.
Proponen “educar para prevenir” violencia y embarazo adolescente
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