En estos últimos años del gobierno del Movimiento al Socialismo, en su segunda versión, se ha lanzado la consigna de ser el “gobierno de la industrialización”, debido a que ha desaparecido del mercado la divisa norteamericana, que se emplea en el pago por las mercaderías que son importadas. Y es la moneda con la que se realizan las transacciones comerciales en todo el mundo.
La industrialización es una etapa económica que siguió a la del comercio de productos agrícolas, y que responde a la creación de los mercados, luego del feudalismo de la Edad Media. Los que fueron siervos de la gleba se trasladan masivamente a las urbes y, como consecuencia, aparece una nueva clase, la burguesía, que dinamiza los factores económicos, dando lugar a la Revolución industrial de los siglos XVII y XVIII.
El Siglo XX dinamizó aún más la industrialización, luego de las dos guerras mundiales, y fue Estados Unidos el gran centro de la fabricación de todo tipo de productos, aunque ya antes desde fines del Siglo XIX, desarrolló su industria a partir del uso de la electricidad, que reemplazó al carbón de Inglaterra.
Desee fines del pasado siglo, la China, luego de abandonar el estatismo socialista, se convirtió en el centro de la industrialización, debido al bajo costo de su mano de obra. Es que las grandes empresas llevaron su tecnología para que en China se produzca con bajo costo y se acrecienten sus ganancias.
La política económica de industrialización del actual gobierno, para disminuir en alguna medida la carencia de dólares, resulta un tanto tardía, pues un proceso de este tipo tiene un tiempo de maduración largo. Además, el mismo régimen, desde hace dos décadas, incentivó la importación de productos del exterior, debido al congelamiento del valor de la divisa, y los buenos ingresos por exportación de gas, de tal manera que la propaganda de “exportar o morir” fue echada al canasto. Y fue el entonces vicepresidente García Linera que criticó esta política de los gobiernos denominados neoliberales.
Contradictoriamente, ya en el gobierno de 14 años del régimen, fueron destinados importantes recursos a la creación de empresas estatales, que hasta la fecha llegan a 170, la mayoría improductivas y que han resultado una carga para el Tesoro público. Es diferente cuando se trata de inversiones privadas, pues para éstas rige, en general, un protocolo estricto, pues son recursos privados. A contrario sensu, los recursos públicos, que son de todos, son administrados más con criterio exitista que con razonamiento científico-económico.
Hace un par de años, el gobierno creó la Empresa Boliviana de producción Agropecuaria (EBPA), con un capital de 140 millones de bolivianos (SUS.20 millones), emprendimiento estatal para la producción, procesamiento y transformación de productos agrícolas y pecuarios, además de su comercialización en los mercados interno y externo, y que pueda obtener tierras sin costo.
En relación a los alimentos, existen muchas empresas y entidades dedicadas a ese rubro, como Emapa, PASA, IPDS, Ebococa, Lacteosbol, Esaba y, por supuesto, toda la empresa privada, en especial en Santa Cruz, dedicada a la producción y comercialización de productos agrícolas y agropecuarios, lo que implica una competencia desleal con la actividad privada. Nos preguntamos ¿ha producido algún alimento esta empresa que está en el mercado?
En Chuquisaca, ocho plantas procesadoras de alimentos, con una inversión estatal de 650 millones de bolivianos, están casi paralizadas, debido a la escasa producción de insumos agrícolas, como el ají, maíz, maní y otros, que han caído drásticamente. De tal manera que, al no haber materia prima suficiente, no se justifica el funcionamiento de esas plantas.
Como estas empresas, son varias las que han sido financiadas con recursos públicos, y no funcionan, como lo demostró la señora Galindo en la fábrica de papas fritas, que no está en funcionamiento, y otras que el diputado Héctor Arce dio a conocer. Además, en estas empresas públicas los responsables perciben elevados salarios, como en el emprendimiento de Bulo Bulo, para la urea, en la que un gerente percibe 70.000 dólares mensuales.
Los administradores del Estado, ante la aguda crisis que soportamos, deberían dedicar sus esfuerzos a dotar de insumos médicos y fármacos a los hospitales que, como el nuevo hospital gastroenterológico, está concluido, pero no funciona por falta de equipamiento. Y atender otras necesidades urgentes de la población, y no mantener empresas deficitarias.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.