A raíz de la aprobación del Decreto Supremo N° 5327 de 5 de febrero de 2025, que modifica el Decreto Supremo N° 21532, el cual establece que únicamente el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) pagado en su totalidad o de forma parcial hasta la fecha de su vencimiento podrá ser utilizado como pago a cuenta del Impuesto a las Transferencias (IT), los empresarios se declaran en estado de emergencia, ya que la normativa afecta a la gestión tributaria de las empresas, señala el pronunciamiento de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp).
La norma obliga a los contribuyentes a pagar el IUE en su totalidad antes de su vencimiento para poder compensar el IT, lo que impacta negativamente en la liquidez y el flujo de caja de los contribuyentes, vulnerándose de esta manera varios derechos tributarios, advierte la nota.
Los empresarios señalan que se vulneran sus derechos: el principio de legalidad tributaria, al modificar derechos mediante un decreto supremo; el derecho a pagar mediante facilidades de pago, al impedir la compensación con pagos posteriores al vencimiento, los contribuyentes que se acogían a Facilidades de Pago para el IUE luego de la fecha de vencimiento del impuesto, podían compensar el IT en la medida que iban pagando las cuotas de su plan de pagos.
Así como el principio de igualdad y capacidad económica, al imponer condiciones que afectan de manera desigual a las empresas; el derecho a la propiedad privada, al imponer una restricción irrazonable y desproporcionada que afecta la disponibilidad de recursos legítimos de los contribuyentes.
Los principios de progresividad y proporcionalidad tributaria; el principio de jerarquía normativa y reserva legal, dado que aspectos sustanciales deben regularse por ley, no se cumplen con la normativa establecida por el Gobierno.
Explica que hasta antes de esta modificación, los contribuyentes podían compensar el IT con el IUE pagado, inclusive luego de la fecha de vencimiento del impuesto, pero con la nueva normativa una vez vencido el plazo ya no puede seguir este procedimiento.
Ante esas observaciones, los empresarios exigen, de manera urgente, atención a la solicitud de la aplicación de la medida cautelar constitucional de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta donde se solicita se disponga la inmediata suspensión provisional de la aplicación de la disposición segunda del Decreto Supremo N° 5327, considerándolo fundamental a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los contribuyentes y la promoción de un sistema tributario justo, equitativo y previsible que favorezca el desarrollo empresarial en Bolivia.