Luego de que miles de cooperativistas mineros paralizaran las calles de la ciudad de La Paz a vista y paciencia de la Policía Boliviana por días, analistas observaron que el uso selectivo de la fuerza policial es otra demostración de la desinstitucionalización del Estado que vive el país gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS).
En palabras del analista y vocero de Soberanía y Libertad (Sol.bo), José Luis Bedregal, esta notoria inacción policial frente a las manifestaciones mineras “es parte del proceso de desinstitucionalización que ha generado que todos los organismos que dependen del Estado estén en función de fines políticos y no así en función de lo que manda la Constitución (Política del Estado) y las leyes que los regulan”.
En contacto con EL DIARIO, el analista de oposición remarcó que este accionar “sesgado” de las fuerzas del orden, así como de los poderes del Estado y la Justicia, es funcional a intereses del oficialismo, una problemática que caracterizó al partido azul desde que ingresó al poder con dirigente sindical cocalero, Evo Morales.
“Hay un manejo muy sesgado de las instituciones en el país y, por supuesto, las instituciones del orden no escapan a esta realidad. Tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana, dependiente del Ministerio de Gobierno, actúan en función de los intereses del partido que nos está gobernando, el Movimiento al Socialismo. Esto no es de ahora, sino que viene desde que el MAS tomó el poder con Evo Morales a la cabeza”, sostuvo al Decano de la Prensa Nacional.
Desde el miércoles, miles de cooperativistas mineros llegaron desde el interior del país hasta inmediaciones de la sede de Gobierno, donde se instalaron en medio de las calles, colapsando el tráfico en el centro paceño y obligando a miles de personas a desplazarse a pie.
Aunque el sector movilizado fue gasificado por la Policía el miércoles en horas de la noche, minutos después se reagruparon y volvieron a asentarse en calzadas y aceras, donde pasaron la noche y la jornada del jueves.
Entre sus demandas, piden la renuncia de varias autoridades relacionadas con la administración minera, como el viceministro de Minería y la nueva directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Asimismo, exigen una distribución equitativa de combustible y acceso a explosivos sin incremento de precios, insumos esenciales para sus actividades. Mientras el Gobierno intenta negociar con el sector, el viceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, calificó estos pedidos como “inviables”.
GABI
La experta en comunicación política y periodista, Claudia Soruco, denunció que la Policía “no hace nada” cuando los mineros auríferos bloquean las vías de La Paz de manera abusiva y violando derechos de los ciudadanos, mientras que sí se moviliza con celeridad cuando médicos o profesores salen a protestar a las calles.
“Si se trata de médicos, profesores o Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca), por ejemplo, la Policía de inmediato los gasifica y detiene. Pero si son transportistas o mineros auríferos que llegan y bloquean calles de La Paz, vulnerando nuestro derecho a la libre locomoción, esa misma Policía no hace nada”, expresó Soruco en su cuenta de X.
Por su lado, la cirujana, docente y exsecretaria municipal de Salud de La Paz, Cecilia Vargas Vásquez, se sumó a las críticas al cuestionar que la Policía no actúe ante los bloqueos, violaciones la salud pública, el narcotráfico o el propio Morales, sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión.
“¿Y los bloqueos? ¿Las vulneraciones a la salud pública cuando cierran el relleno (sanitario)? ¿Marset? ¿Evo?… Aquí en La Paz, nos bloquean mineros y choferes cuando quieren y la Policía (está) tranquila”, publicó la exautoridad en sus redes sociales.
