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Analista Paul Coca

“Un Gobierno no puede linchar a sus ciudadanos”

> Cuestionan que nuevamente desde el poder se recurra al amedrentamiento contra ciudadanos que expresan abiertamente un pensamiento crítico hacia la actual administración, respecto a la situación del país. > Califican como reprochable que, en un año electoral, se busque usar y dañar la imagen de personas dedicadas al análisis político, desconociendo trayectorias profesionales logradas a través de varios años de trabajo serio y responsable. > Maniobras difamatorias no solo dañan a personas, sino a familias, amistades y círculos sociales cercanos a los afectados.

Tras cumplir con su deber de presentarse para brindar declaraciones en el marco de las investigaciones por el supuesto golpe militar en junio de 2024, el analista político y abogado, Paul Coca, reprochó que autoridades cuyo paso por el poder es circunstancial, traten de linchar públicamente y jugar con el prestigio de profesionales con amplia trayectoria, con el único objetivo de lavar la imagen de quienes gobiernan.
Reiterando que no cuenta con ningún tipo de relación o nexo con las personas que son investigadas por la asonada militar del 26J, Coca cuestionó que nuevamente desde el poder se recurra al amedrentamiento contra ciudadanos que expresan abiertamente un pensamiento crítico hacia la actual administración, respecto a la situación del país.
Asimismo, afirmando que existen delincuentes libres en las calles y corruptos impunes en distintos niveles de la administración pública, el jurista lamentó que en ese tipo de casos no se actúe con la misma rapidez y rigor que se demuestra cuando se trata de hechos con tintes políticos.
“Nos quisieron linchar ante la opinión pública por supuestamente pertenecer a un falso gabinete (…). Vivo de mi trabajo, soy abogado de profesión, tengo familia, mi vida está en el país y directamente lo que se ha hecho es tratar de lincharnos”, cuestionó.
En criterio del especialista, es reprochable desde todo punto de vista que, en un año electoral, se busque usar y dañar la imagen de personas dedicadas al análisis político, con la única intensión de “lavar la imagen de quienes gobiernan”, desconociendo así la trayectoria profesional lograda a través de varios años de trabajo serio y responsable.
“Estoy veinte años de mi vida como abogado y como analista. Personas que solamente van a gobernar por cinco años no van a venir a mancillar la imagen que hemos formado y el prestigio que tenemos, se los digo de manera clara”, sostuvo.
Sobre las consecuencias en torno a la difusión del documental que derivó en la emisión de varias órdenes de aprehensión dirigidas a políticos, analistas y otros actores de la sociedad civil, Coca reiteró sus cuestionamientos sobre los intentos del Gobierno para mellar la dignidad de las personas, apelando a recursos que vulneran derechos y están al margen de toda ética y legalidad.
“No puede haber un gobierno que quiera linchar públicamente a sus propios ciudadanos”, agregó el jurista, lamentando que en este tipo de maniobras no se tome en cuenta el daño que se provoca en familias, amistades y el círculo social de los afectados por este tipo de maniobras.
Adelantando que, en su momento informará sobre las acciones legales que asuma contra los responsables de haberlo involucrado en el caso del supuesto golpe mediante un documental carente de credibilidad y de respaldos confiables, Coca se dirigió a autoridades de gobierno para recordarles que el poder circunstancial del que se sirven, en algún momento terminará.
“Yo les digo, de una forma simple y directa, de parte de un ciudadano sin poder, a ustedes que están en cargos públicos, el poder es bonito, podrá ser absoluto, pero nunca será eterno”, concluyó el analista, reiterando que no lograrán silenciarlo y seguirá ejerciendo su derecho a libertad de pensamiento y opinión.
El pasado jueves 10 de abril, el Ministerio de Gobierno presentó un documental denominado ¿Qué pasó el 26J?, el contenido de este material con el que se trató de explicar lo sucedido el 26 de junio de 2024, relacionó a analistas, políticos y otros actores sociales, que presuntamente debían formar parte de un “gabinete civil” una vez que el general Juan José Zúñiga asuma el mando del país.
De acuerdo con el documental, el gabinete civil debía estar conformado por el economista Gonzalo Chávez, como ministro de Finanzas y Economía; Jhosua Bellot, Planificación del Desarrollo; Paul Coca, Obras Públicas; José Luis Álvarez, ministro de Educación; Armin Lluta, Desarrollo Productivo; César Gonzáles, Desarrollo Productivo; Jorge Valda, ministro de Justicia; Ana María Morales, Justicia; y Jaime Dunn, presidente del Banco Central de Bolivia. Inmediatamente, los aludidos denunciaron una clara arremetida de persecución política en su contra.
Anteriormente, ya se había citado en calidad de testigos a los analistas Gonzalo Chávez, Joshua Bellott y Jaime Dunn, además de José Luis Álvarez.

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