Ante irregularidades denunciadas en detenciones del abogado, Jorge Valda, y otros supuestos implicados en una supuesta conspiración golpista orquestada desde la oposición, un pronunciamiento oficial de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo) advierte que “Bolivia transita por una peligrosa senda de regresión democrática” en la que la represión y la manipulación sustituyeron al diálogo y la verdad.
“Condenamos con firmeza la arremetida política y judicial que pretende acallar voces disidentes y reprimir la libertad de pensamiento en Bolivia. En los últimos días, esta persecución ha escalado de manera preocupante, evidenciando una estrategia sistemática de criminalización contra líderes políticos, analistas independientes y ciudadanos críticos al oficialismo”, se lee en el comunicado.
La agrupación considera que la detención de Valda en Santa Cruz no solo fue infundada, sino que “configura un preocupante acto de amedrentamiento y vulneración del debido proceso”. En tal sentido, exigieron al Estado poner fin a esta “arremetida autoritaria” en vista de que el uso instrumental de la justicia “debilita la institucionalidad y destruye la confianza ciudadana”.
Después de estos hechos, el politólogo, Franklin Pareja, enfatizó en que la clase política y los intelectuales deben entender que Bolivia definitivamente vive bajo un régimen totalitario, ni siquiera autoritario.
Por su lado, la diputada, Luisa Nayar (CC), advirtió el inicio de una nueva ola de persecución política con fines netamente distractivos por parte de un Gobierno desesperado. “La desesperación de un Gobierno que sabe que ya se va los lleva a la comisión de este tipo de hechos ilícitos”, añadió.
La detención del abogado es una entre cuatro aprehensiones efectuadas hasta ayer dentro del caso “26J”, luego de la presentación de un documental del Ministerio de Gobierno en el que se involucra a activistas de derechos humanos, connotados analistas críticos al Gobierno y militares en retiro en un supuesto intento fallido del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, de perpetrar un golpe de Estado el año pasado, según datos oficiales.
Además de Valda, fueron aprehendidos el general retirado del Ejército, Marco Bracamonte, en Cochabamba; un hombre de apellido Imaña, quien también figura en el documental; y el coronel en retiro, Mario Tanaka, en Tarija, quien será trasladado a la sede de Gobierno para que preste su declaración, como lo fueron los otros implicados. Una quinta orden de aprehensión fue emitida pero aún no fue ejecutada, según datos oficiales.
Estas acciones generaron repudio por parte de sectores de la oposición. No obstante, la denunciada persecución no habría finalizado ahí, pues el expresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta, denunció ayer que fue buscado por un grupo de civiles en su comunidad en Los Yungas, con la presunta intención de detenerlo por figurar en el “gabinete” que Zúñiga planeaba imponer como parte de su presunta acometida golpista.
Lluta, quien figura como tentativo ministro de Desarrollo Productivo, se sumó a denunciar persecución política y negó cualquier tipo de participación en acciones golpistas: “Yo no tengo ninguna participación. Lo que el Gobierno está haciendo conmigo es simplemente intimidarme, acallarme. No conozco a ningún Zúñiga. Lamento el actuar abusivo por parte del Gobierno”.
Asimismo, Sol.bo menciona que la persecución judicial se extiende sobre otros actores políticos de oposición como su líder, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y su esposa, Maricruz Ribera, quienes, según el comunicado, son desde hace tiempo el blanco de una campaña de hostigamiento a través de procesos ilegítimos movidos por intereses políticos.